¡La ciudadanía ya ha salido a las calles!
En el lenguaje coloquial, el de hace unos años, se utilizaba la expresión “al filo de la navaja” para referirse una situación límite a la que se había llegado y que, por lo mismo, requería que se tomase acciones no solo imaginativas, sino también urgentes e inmediatas para superar ese trance de la mejor manera posible. Si esa expresión puede aplicarse a la vida privada, hoy el Perú vive así, “al filo de la navaja”, pues las condiciones actuales de inestabilidad, crisis, inseguridad y desconfianza motivan que se tomen acciones que conduzcan a la mayor tranquilidad ya que, hoy por hoy, se va crispando más aún el sentir de los ciudadanos.
Esta semana, la última del mes de junio, se nos ha presentado con la evidencia de que las autoridades a quienes corresponde dar tranquilidad a la ciudadanía, a partir y solo a partir de la aplicación estricta de la norma, no se nos muestran con la calidad que quisiéramos. Y más bien parece que su actuación se sustenta en la conveniencia, el partidarismo, los intereses, el miedo. O de no ser así, sus actitudes vienen permitiendo esa lectura.
Dos hechos, son a mi criterio, los que deberían llamar la atención de quienes ejercen autoridad y poder. Y si están en esa condición, es para que actúen en concordancia, y no escabulléndose en las ambigüedades o el silencio. El primer asunto sumamente significativo es que, a la luz de las encuestas (y lo menciono a pesar de que muchas veces he tenido dudas y que jamás he sido encuestada) señalan que más de tres cuartas partes de la población está de acuerdo en señalar que el último proceso electoral ha estado marcado, si no por el fraude abierto y descarado, por un velo de duda; y por lo tanto, ese 69% de la población nacional que desdeña y desconoce la validez del proceso.
Al margen de ello, han salido más y más indicios de irregularidades en la primera vuelta, y no solo en la segunda. Es interesante destacar que no ha habido rechazo alguno a esa cifra de porcentaje ciudadano que percibe, con razón, que tanto la primera vuelta, como la segunda están teñidas de interferencias, de acciones ilícitas, de dudas y de hechos ilegales y fraudulentos comprobados. Esta percepción de elecciones fraudulentas, o cuando menos no transparentes, y cargadas de malos indicios motivan un sentimiento de desconfianza y de reprobación a las autoridades, y auguran una ilegitimidad de cualquiera de los candidatos a los que, aparentemente a dedo y contra viento y marea, se le pudiera otorgar la condición de ganador.
No se trata acá de destacar la victoria de uno sobre el otro; se trata de que es necesario conocer y arribar a la verdad. Y eso tiene que ser un objetivo superior y de mayor importancia que el mero cumplimiento administrativo en que se escudan; porque el argumento de que es necesario “cumplir el cronograma electoral” es tan pueril como imposible. Salvo que quienes tomen esa decisión estén del todo comprometidos con el ejercicio de acciones irregulares que motivarán, en algún momento, acciones judiciales y penales; y que también estén actuando en contra del mandato que tienen.
El segundo hecho muy serio ha sido el que el magistrado Luis Arce, en un acto casi desesperado de honorabilidad y rectitud, se ha alejado del pleno del Jurado Nacional de Elecciones y, en el documento que suscribe, deja entrever situaciones muy complejas al interior de esa entidad. Muy serias y contundentes han de haber sido las motivaciones que tuvo para tomar una acción de esta envergadura. Lo cierto es que el JNE debe actuar en concordancia con la ley, la transparencia y hacer que sus actos sean tan prístinos que den confianza a la población y que se conozca la verdad respecto a todas las denuncias de actos fraudulentos. O en el mejor caso, de errores en las actas, de falsificación de firmas y de identidades, entre otros hechos denunciados y comprobados.
Y, como estamos ya al filo de la navaja, es el momento de tomar acciones nuevas y distintas a las que la simpleza pudiera llevarnos y que, dentro del estricto marco legal de nuestro país, permitan, quizá, una situación de interinato para que se convoque a un proceso electoral del todo nuevo. Y desde un primer momento, con autoridades renovadas en los órganos competentes del sistema electoral, para que no haya sombra de duda.
La ilegitimidad es muy peligrosa, máxime en un país como el nuestro que está viviendo momentos de altísima crispación. Hay muchas preguntas que la autoridad no sabe, no quiere o no puede responder, y ante esa actitud de alejamiento, por miedo o por incapacidad, la inquietud crece, la duda se afianza, la desconfianza parece incontrolable y el futuro del país se ve altamente complicado, confuso e inestable.
¿Dónde están la lucidez, la imaginación, la valentía y el heroísmo de quienes deben tomar acción en momentos de crisis? ¿Dónde están las autoridades y los ciudadanos capaces de dar respuesta a la zozobra de este momento? ¡La ciudadanía ya ha salido a las calles! Distintos gremios y agrupaciones han hecho conocer su opinión y han levantado su voz, y ante ello y ante el reclamo del 69% de la población, la respuesta no puede ser el silencio. La respuesta tiene que ser una acción valiente, decidida y positiva que busque la fórmula legal para que se declare nulo todo este proceso electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Solo así se permitirá que el ciudadano se exprese libremente en las ánforas en una nueva y transparente elección.
El costo que ello pudiera tener –a nivel de decisiones políticas, cambios de mando, renovación de funcionarios y tiempo– será mucho menor que el costo de la inacción y la persistencia en la intención de mantener como válido un proceso electoral plagado de irregularidades. Y que nos está conduciendo, sin más, al filo de la navaja.
