La cifra de niñas, niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, que se conectan a Internet a través de sus smartphones ha crecido sustancialmente: pasó de 43% en 2018 a 75% en 2022. Sin embargo, el aumento del acceso a este servicio ha generado situaciones de riesgo de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en línea.
Así lo evidencian las investigaciones de CHS Alternativo, ECPAT Internacional y la alianza We Protect, que fueron expuestas durante el Webinar «Internet y explotación sexual en tiempos de pandemia: Riesgos y vulnerabilidades de las niñas, niños y adolescentes”.
Los hallazgos son alarmantes. La investigación ‘Percepciones de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en línea’, realizada por CHS Alternativo, revela que, por la pandemia, 7 de cada 10 menores aumentaron el uso de Internet a más de 5 veces por semana y una abrumadora mayoría de 93% de madres y padres encuestados considera que sus hijas e hijos están más expuestos a los riesgos de Internet. Para un 77% su principal preocupación es la adicción a los videojuegos, seguido de la adicción a Internet (71%), el acoso sexual en línea (70%) y la trata de personas (69%), entre otros.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, comentó que estudios previos de la organización pudieron determinar que “redes sociales y videojuegos se han convertido en un espacio de posible captación y donde las personas explotadoras han sabido burlar los filtros de seguridad de las plataformas de redes sociales a causa de los términos locales de cada país y ciudad”.
Asimismo, añadió que la responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios no queda exenta de esta problemática, pues la investigación reportó que 8 de cada 10 madres y padres refirió que no se les ofreció filtros parentales, y dentro de los pocos que recibieron la oferta, el 24% fueron hombres frente al 12% de mujeres. “Es decir que estas son las últimas que acceden a menos filtros de protección”.
Al respecto, Valdés destacó el amplio desconocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de una unidad de la Policía que se especializa en delitos informáticos. “Solo un 3% denunciaría en esta unidad y otro 3% en la Fiscalía. Y solo un 1% acudiría a las líneas del Estado. Esto es algo en lo que se tiene que trabajar”, aseveró.
“Ninguna niña o niño va a consensuar su explotación. Pero hay un momento en que les echamos la culpa respecto a las decisiones que toman en redes sociales. Es importante no culpar a los niños cuando toman decisiones incorrectas. La responsabilidad es de las personas adultas, desde el Estado hasta la sociedad”, dijo.
Landry también agregó la necesidad de promover una legislación para que las empresas puedan filtrar, seguir y detectar los materiales relacionados a la explotación sexual en línea. “No nos oponemos a la privacidad, es importante para los derechos de las niñas y niños, pero también lo es proteger su intimidad en los espacios virtuales”, sostuvo.
Por su parte, Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, hizo énfasis en el caso peruano y refirió que el estudio visibilizó las debilidades en el acceso a la justicia, pues cerca del 80% de las y los trabajadores que atendieron víctimas y que participaron en la investigación expresaron un nivel de insatisfacción respecto a los servicios médicos y legales del Estado.
