Opositores dentro y fuera del Congreso en el diván
Ahora que el presidente Vizcarra enfrenta el mayor momento de debilidad y fragilidad de toda su administración –con denuncias que se acumulan sobre su gestión en el gobierno regional de Moquegua– y que puede desembocar en una crisis de gobernabilidad total, es menester desarrollar un análisis del tipo de oposición política que se expresó luego del referendo, el cierre inconstitucional del Congreso y el rechazo de una nueva vacancia. No se puede cuestionar que la actual oposición, dentro y fuera del Congreso, defiende el equilibrio de poderes y, en general, el balance de las instituciones.
Sin embargo, si comenzamos a analizar a la oposición habría que preguntarse, ¿para qué defiende el equilibrio de poderes? Y una primera respuesta es que es un asunto de sobrevivencia. Es decir, las corrientes opositoras pretenden seguir teniendo vigencia política y entienden que si el proceso de concentración y alteración del equilibrio de poderes que empezó con el referendo prosiguiera, simplemente perderían posibilidades de continuidad.
En cualquier caso es una buena noticia, porque así se preservan los espacios republicanos: en base a la voluntad de los actores y grupos de seguir teniendo vigencia política. Sin embargo, eso no es suficiente si no se comprende cuál es el papel de la economía de mercado y del sector privado en la defensa de las libertades en general. Únicamente baste señalar que en el mundo moderno no hay república ni equilibrio de poderes si la economía no está mayoritariamente en el sector privado. Algunos confunden el tamaño del estado de bienestar europeo –hoy en crisis– con el tamaño del sector privado.
De otro lado, si un proyecto autoritario concentra el poder político y el poder económico, lo más probable es que permanezca en el poder por décadas. Allí está la experiencia soviética y actualmente la tragedia venezolana.
Por todas estas consideraciones, la oposición dentro y fuera del Congreso no ha cumplido su papel en la defensa del sistema republicano. El decreto del Ejecutivo que establecía control de precios indirectos en el sector educación, las leyes populistas aprobadas en el Congreso sobre peajes, la reposición de 14,000 docentes desaprobados, los proyectos que destruyen el sistema previsional, las iniciativas de gasto de los congresistas y los ataques llenos de ignorancia económica en contra del BCR, nunca merecieron la defensa de la oposición a la administración Vizcarra. Hubo silencio y el respaldo tácito.
Sin comprender que el Gabinete Zevallos –dirigido ideológicamente por el Frente Amplio– se propuso utilizar la pandemia y el estado de emergencia para sobrerregular y debilitar en extremo al sector privado, la oposición calló mientras se empoderaban las funciones del Estado.
¿Cómo explicar la ceguera opositora en la defensa de una columna de las libertades, sobre todo cuando el sector privado financia el 80% de los ingresos del Estado y provee el 80% del empleo? La única explicación es la crisis ideológica y cultural de los partidos, que suelen repetir el “todos y todas” sin comprender las necesarias conexiones de una feroz guerra ideológica mundial.
Quizá esta ceguera ideológica empezó cuando Fuerza Popular se negó a convertirse en el soporte de la administración PPK, desatando una guerra política que desencadenó dos procesos de vacancia de frustrados, la renuncia de un jefe de Estado, la convocatoria a un referendo que bastardeó nuestra Constitución, el cierre inconstitucional del Congreso, el rechazo de una nueva vacancia y una crisis de gobernabilidad que no termina y desmorona a la República ladrillo por ladrillo.
Semejante ceguera ideológica ignoraba la feroz guerra política y cultural que había desatado el marxismo desde el fin del fujimorato. Ojalá el futuro nos depare, entonces, nuevos partidos y movimientos con ideología para defender las libertades.
