- Preparan censura contra Ministro del Interior Dimitri Senmache
- Subcomisión de Acusaciones Constitucionalesdel Congreso aprobó por mayoría el informe de calificación para dar inicio al proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
Aun cuando no se sabe cuál será el destino del Presidente de la Republica, Pedro Castillo, por las denuncias que tiene y que trata de que estas no sean procesadas, mediante argucias legales como la tutela de derechos, el mandatario se siente tan seguro que seguirá gobernando, por eso es que ya piensa en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.
En efecto el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que su mensaje a la Nación del próximo 28 de julio ante el Congreso por Fiestas Patrias “va a traer más de una sorpresa” al pueblo peruano.
Dios, nos libre que sorpresas habrá, si es que llega, quizás la famosa ley mordaza que anuncian sus escuderos o alguna expropiación, veremos primero si es que llega a 28 de julio.
Castillo estuvo en la clausura del Consejo de Ministros Descentralizado en Yauyos, donde se sentía muy solo. Si gabinete en pleno falto y no porque ya se cansaron del mandatario. El mal tiempo no permitió que el avión que llevaba a la comitiva especial pudo aterrizar.
Castillo fue acompañado por funcionarios de los ministerios y allí reiteró que seguirá recorriendo el país en las próximas semanas, a fin de atender los proyectos presentados por los alcaldes.
“Anuncio desde acá que durante estas semanas que vamos a recorrer el país, que estamos próximos al 28 de julio, donde en el Mensaje a la Nación vamos a dar este mensaje, valga la redundancia, que va a traer más de una sorpresa a este pueblo peruano porque hemos venido a trabajar por el Perú”, aseveró.
Castillo Terrones reiteró que ha demostrado al país que lo que se decía durante la campaña electoral, como quitar la propiedad privada e implantar en el Perú un régimen comunista, es “totalmente falso”.
“Estamos trabajando con transparencia, honradez, de cara al pueblo y visitando con estas formas de trabajo como estamos haciendo, llegando a los lugares más recónditos del país. Sé que a algunos les va a incomodar, pero a nosotros nos ha hecho este encargo el país para llegar a los pueblos más lejanos”, indicó.
El mandatario también saludó que se esté poniendo fin a la especulación de precios de los alimentos que afectan a los agricultores y a la población en general.
“Vamos a hacer todo lo posible para que esto (la especulación) nunca más se vuelva a repetir en la historia del Perú”, mencionó. Por ello, pidió a los inversionistas y empresarios extranjeros que inviertan “con confianza” en el país
Pero, cuidado en estos días la oposición vuelve a la carga. El congresista José Cueto, de Renovación Popular, señaló que hoy empezará a recolectar las firmas para censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache.
“Anuncio que nosotros vamos a censurarlo, ya tenemos el documento listo. Hoy empezamos. (…) Lo vamos a censurar directamente. Hoy día está en la Comisión y está mintiendo abiertamente”, dijo en ‘Milagros Leiva, Entrevista’.
Bajo esa línea, sostuvo que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) está tratando de “zafar” del muerto. “Él es el responsable, no solamente político, porque ya está mintiendo con diferentes hechos”, expresó.
“Quieren copar el Estado, copar las instituciones, empezando por la policía para no solamente humillarla. Quieren que la policía esté al servicio de una ideología, de un gobierno”, puntualizó.
Pero, hay otro tema que preocupa al país, es la ley mordaza que se piensa dar para blindar al Presidente, Pedro Castillo. Sin embargo, cuidado que esta ley puede ser un boomerang letal para el mandata. Por eso es que Marisol Pérez Tello, excongresista y ministra de Justicia, criticó este la iniciativa del Ejecutivo de promover un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se trata de casos en reserva. En tal sentido, consideró la medida poco útil.
«Es innecesario porque ya está tipificado en el código penal la omisión de funciones en el artículo 355. En una investigación reservada el custodio de la reserva de esta investigación, sea el fiscal o el juez, tienen a su cargo garantizar la reserva de esta investigación entonces no es necesario».
Marisol Pérez Tello sostuvo que existen mecanismos internos dentro de la Policía Nacional o la Fiscalía para establecer procedimientos sancionadores administrativos. Por ello, lamentó que haya un riesgo contra la libertad de expresión.
«Se olvidan que los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio público, con lo cual lo que se debe fomentar no es ocultar información, sino transparentar. Yo creo que la decisión es jurídicamente innecesaria, políticamente peligrosa porque atenta contra la estabilidad del país que ya está en una situación bastante delicada», manifestó.
Por su parte la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) manifestó su preocupación por el anuncio del ministro Félix Chero y advirtió sobre los problemas que tendrá la investigación periodística en caso se concrete esta iniciativa. En tal sentido, consideró preocupante que haya una «sincronía» entre el Ejecutivo y el Legislativo en contra de la prensa.
La ANP aseguró que estarán alertas para evitar que haya más iniciativas parecidas a las que ha presentado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
«La institución se mantendrá vigilante ante este tipo de propuestas atentatorias al trabajo periodístico y que pretenden criminalizar al mensajero. La historia reciente demuestra el rol esencial del periodismo independiente en la lucha contra la corrupción en el país», agregó.
Félix Chero anunció que su sector presentará al Legislativo un proyecto de ley que propone penalizar, con hasta 3 años de pena suspendida, a jueces, fiscales, policías y abogados que revelen información de procesos judiciales en curso.
Y como muestra de cómo está trabajando la oposición, ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe de calificación para dar inicio al proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se aprobó el informe elaborado por el equipo técnico del citado grupo de trabajo, que concluyó que la alta funcionaria habría incurrido en la presunta infracción de artículos de la Constitución.
Entre los congresistas que votaron a favor del informe están Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País). El oficialista Waldemar Cerrón (Perú Libre) no registró asistencia, pese a que se le llamó dos veces, informó nuestra reportera.
Cabe mencionar que el parlamentario Rommel Padilla (Renovación Popular) fue el primero en presentar una denuncia contra Dina Boluarte. A esta iniciativa se sumaron las de Avanza País, con la congresista Norma Yarrow, y la del ciudadano César Candela.
Cabe recordar que el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elaboró un informe de calificación en el que recomienda declarar procedentes las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte.
De acuerdo con estas denuncias, la vicepresidenta habría incurrido en la presunta infracción de artículos de la Constitución. Además de la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora en los actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En su informe, el equipo técnico concluyó declarar procedente la denuncia constitucional presentada por el congresista Rommel Padilla contra Dina Boluarte ante una probable infracción del artículo 126 de la Carta Magna.
De igual forma, declaró procedente la denuncia constitucional formulada por las legisladoras Norma Yarrow, Diana Gonzáles, Adriana Tudela y Patricia Chirinos, así como la ampliación de la misma denuncia constitucional que presentó la congresista Yarrow.
Esta denuncia también es por una probable infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión de los delitos ya señalados, los cuales están tipificados en los artículos 377 y 399 del Código Penal.
Estas denuncias están referidas a trámites que Dina Boluarte realizó en su condición de presidenta de un club departamental, cuando ya ejercía el cargo de ministra de Estado y también el de vicepresidenta. Así como por no haber consignado datos en su hoja de vida vinculada con parientes suyos que contrataron con el Estado.
El informe de calificación iba a ser debatido el viernes, 10 de junio, pero la sesión tuvo que ser reprogramada debido a la ausencia injustificada de siete congresistas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. La Permanente, sobre la base del informe de calificación, podrá aprobar el plazo dentro del cual la Subcomisión realizará la investigación y, tras ello, presentará su informe final.
Luego, el informe final se somete a consideración de la Comisión Permanente y, de ser aprobado, se eleva al Pleno del Congreso para su votación final.
