- Funcionarios de Essalud se prestaron a sacar documentos favorables para el pago y en tiempo récord
- Una protección de Dina Boluarte al amigo de su hermano, el ministro Alfonso Adrianzén
El expediente 61-2023 esta bajo cuatro llaves. Ese expediente esta que quema. Puede ser el hilo de la madeja a nuevos casos de corrupción del gobierno de Dina Boluarte.
Este expediente está en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal y es la propia Fiscal de la Nación, Patricia Benavides es esclarecer el tema.
Y el principal denunciado es nada menor que el actual Ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén quien supo esperar en la banca de funcionarios en Palacio de Gobierno. Estaba siempre situado como soporte técnico en los consejos de ministros. Siempre ávido de información y así logro escalar a la secretaria general y luego paso a ser ministro el 13 de enero de 2023.
10 días, después llego a su despacho una carta de la empresa Aiona Technology Corporation SAC, exigiendo el pago de mas de 41 millones de soles, producto de un laudo arbitral que habían ganado.
Esta carta es enviada a Essalud y así se da inicio a una maratón de “soluciones” de papeleos y del expediente con informes legales donde se concluye que se debe pagar. Para ello pasaron por encima de opiniones legales de funcionarios de Essalud que fueron cambiados porque se oponían a esta decisión.
Los que hicieron este tema se sienten muy seguros de su accionar y que nada les puede pasar y que han cumplido de acuerdo a la legalidad. Y esa es la tesis que se maneja desde Palacio de Gobierno.
Arturo Orellana, nombrado por Pedro Castillo y quien no tiene el perfil para ocupar ese cargo y quien ahora quiere sacarle el jugo con las compras de robóticas, es un mar de nervios. Como medico nadie duda de su capacidad, pero dada su formación de nada le sirve mentir.
Orellana sabe que tiene los chats que el ministro Adrianzén le escribía y le exigía el pago a la empresa. Si duda había un inusitado interés. En Essalud se involucro a la gente de legal, del Ceabe y al encargado de las finanzas a quienes pidieron que vean su había disponibilidad de pago.
Como era de espera se festinaron en menos de una semana todas las opiniones favorables. Olvida Adrianzén y Orellana que hay cientos de empresas a quienes se debe dinero, muchas con laudos ganados, con arbitrajes y conciliación y que hacen estos funcionaron por esos proveedores.
Y el tema más picante es que Dina Boluarte en la quincena de febrero pide la presencia de Dante Sánchez, del Ceabe, de José Mantilla gerente de legal, de Publio Román el financiero y de Arturo Orellana. Todos ellos involucrados en el tema.
El rumor de “arreglar” las deudas es vox populi entre los proveedores. Se les pedía entre un 20 o 30 por ciento por sacar el pago. ¿Habrá corrido igual oferta o quizás mas por los 41 millones de soles?
Días después se hace una segunda reunión en Palacio. Y Dina pide explicaciones sobre el tema. Algo raro, pero cual seria su sorpresa cuando Orellana le informa del pedido que le había hecho el ministro de trabajo y le muestra los chats.
El papel decoroso de una mandataria era cortar por lo sano separa el Ministro de Trabajo y a quienes resulten responsables. Pero Dina los protege. Eso es avalar un acto ilícito, una presión y se muestra en los chats que están en manos de la Fiscal de la Nación.
Pero porque se protege a estos funcionarios. Resulta que Nicanor Boluarte el hermanísimo es amigo de Adrianzén y de Román de acuerdo a sus redes sociales,
Casi todos los funcionarios han desfilado por el Ministerio Publico. No pueden mentir. Y quien lo hace puede ir preso. Esta el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y de acuerdo a las declaraciones hay una gran contradicción. Pero los documentos como se han elaborado no mienten por la celeridad del tema.
Hay mucho temor y todo indicaría que la propia mandataria esta también preocupada ya que ella misma llamo por teléfono a una entidad del estado para que reciban a Orellana a fin de que explique que el pago de los 41 millones ha sido legal.
Y no olvidemos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió el pasado lunes a una diligencia de la Fiscalía de la Nación (general) en el Palacio de Gobierno que, según informaron medios locales, forma parte de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de empresas de una exasesora de la gobernante.
La agenda oficial de la Presidencia -publicada minutos después de que los fiscales entraran a la sede del Ejecutivo- señaló que, desde las 09.00 horas (14.00 GMT), Boluarte iba a atender «a la diligencia de la Fiscalía de la Nación» en el palacio, ubicado en el centro histórico de Lima.
Medios locales señalaron que este procedimiento debió realizarse el pasado jueves, pero la gobernante solicitó que sea reprogramado para poder dar su testimonio, como testigo, en la investigación abierta contra la exasesora Grika Asayag por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
Los representantes de la Procuraduría General de la República (PGE) también llegaron al Palacio de Gobierno para participar de la toma de declaración de la presidenta como testigo.
El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
En este último caso se señaló que Asayag presuntamente intervino como intermediaria para que EsSalud apruebe en 2020 el pago de 41 millones de soles (10,7 millones de dólares) a una empresa por la compra de 1,2 millones de pruebas rápidas para detectar la covid-19, en una operación que luego fue cancelada tras la intervención de la Contraloría de la República.
Ojo que los ministerios de Trabajo y de Comercio Exterior y Turismo habían adjudicado contrataciones por 112.000 soles (unos 24.900 dólares) entre noviembre de 2021 y agosto de 2022 a favor de empresas fundadas por Asayag y su hija.
La ahora exasesora de Boluarte había sido nombrada en ese cargo el pasado 21 de enero, pero fue suspendida de sus funciones el 6 de marzo por presuntamente haber presentado certificados falsos para acceder a ese puesto.
Asayag no registra un título universitario en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y presuntamente presentó tres certificados de estudios falsificados para acceder al cargo.
Al parecer Asayag había participado en la elección de algunos ministros del gobierno de Boluarte y se encargaba de la agenda de la gobernante, a la que acompañaba en sus viajes de trabajo.
También La Fiscalía de la Nación ya realizó una diligencia de exhibición y entrega de documentos en el Ministerio de Trabajo, como parte de la investigación contra el titular del sector, Alfonso Adrianzén, y otros, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y otros.
La indagación corresponde al presunto interés indebido en el pago de 41 millones 520 soles por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas contra el COVID-19.
Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició investigación preliminar contra Adrianzén Ojeda y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por este caso.
que el pasado 26 de enero el subgerente de Adquisición y Ejecución Contractual de EsSalud, Miguel Trillo Tapia, emitió un informe recomendando ejecutar el pago de los S/ 41 millones. Ocho días después emitió un segundo informe con la misma recomendación.
Finalmente, el 6 de febrero firmó un tercer documento volviendo a recomendar el millonario desembolso. Una semana después, EsSalud ejecutó el pago, que había sido congelado luego que un informe de la Contraloría –en enero del 2021- revelara que hubo direccionamiento en la contratación de Aiona.