La Comisión de la Mujer y Familia aprobó por mayoría -nueve votos a favor y una abstención- el dictamen recaído en los proyectos de ley 5777/2020-CR y 5607/2020-CR que establece la paridad entre mujeres y hombres para su designación en los altos cargos de confianza del Poder Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga Houghton, explicó que el dictamen busca fomentar que las mujeres puedan ocupar –hasta en un cincuenta por ciento– puestos confianza, tales como el de ministras, viceministras y secretarias generales de ministerios del Poder Ejecutivo.
Actualmente -acotó- la participación femenina es de solo uno de cada cinco altos puestos en el país.
“La paridad en el acceso a la función pública debe ser entendida como la medida para lograr la igualdad de la mujer en la participación política, la cual puede y debe ser ejercida en el Poder Ejecutivo y Legislativo”, aseguró.
En ese sentido, consideró como acertado la paridad en el Poder Ejecutivo porque aquí se planifican y ejecutan políticas de Estado, actividades que durante muchos años han sido ajenas a las mujeres.
Mónica Saavedra Ocharán (Acción Popular), autora del proyecto de ley 5607/2020-CR, destacó que las mujeres peruanas deben acceder a mayores espacios de poder, “en especial en el Ejecutivo, logrando efectiva participación de mujeres en cargos de confianza, que no se acceden necesariamente de forma meritocrática”.
Por su parte, la legisladora Lusmila Pérez Espíritu (Alianza Para el Progreso), autora del dictamen 5777/2020-CR, señaló que en Ecuador y Bolivia han reconocido la paridad en cargos públicos y por tanto caminan a reconocer los derechos humanos plenos de sus ciudadanas.
Al sustentar el dictamen, Lizárraga Houghton citó el informe de la Defensoría del Pueblo que expone que el gabinete ministerial solo una vez ha estado conformado de forma paritaria durante la gestión de Salvador del Solar Labarthe.
En la sesión de hoy, la Comisión de la Mujer y Familia recibió a la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, Patricia Donayre Pasquel, quien informó que a la fecha existen 3,564 comedores populares cerrados desde el inicio de la pandemia debido a que las encargadas de atender son mujeres mayores de 65 años.
En el debate, las legisladoras exhortaron al Ejecutivo a fiscalizar el funcionamiento pleno de los comedores, la ejecución municipal del presupuesto para ese fin y focalizar los programas sociales que apoyan a las familias ante la situación de grave crisis social.
