La Contraloría denunció que hubo un perjuicio económico de S/ 957 893,19 en contra del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima, por «irregularidades» en la construcción y ampliación del albergue para adultos mayores “María Rosario Araoz”, ubicado en San Juan de Miraflores.
Según la entidad, las obras consideradas en el expediente técnico aprobado consistían en la construcción y mejoramiento de la unidad de terapia física, rehabilitación geriátrica y servicios complementarios, cuyos trabajos iniciaban el 7 de febrero de 2018 y culminaba el 6 de junio del mismo año. Sin embargo, Invermet aprobó un adicional de obra por S/. 91 082,38 y presupuesto deductivo vinculante de S/. 90,820.20, con una diferencia de solo S/ 1,162.17 a favor del contratista, para realizar el cambio de las especificaciones técnicas del material a utilizar en la construcción del muro de la jardinería que hay en la capilla del albergue.
La Contraloría detalló que esto se dio sin que haya un sustento técnico de por medio en la Municipalidad de Lima, y con la finalidad de justificar supuestas ampliaciones de plazo, debido a que la obra presentaba retrasos, además que no daría cumplimiento al plazo contractual por no haberse gestionado a tiempo la adquisición del material para el muro de jardinería.
El proyecto de inversión pública para la construcción y mejoramiento de la unidad de terapia física, rehabilitación geriátrica y servicios complementarios del albergue tuvo una inversión total de S/ 9 651 316,24, con un plazo de ejecución de 120 días calendario, a partir de enero del 2018.
Según detalló la entidad, este hecho conllevó a que Invermet apruebe a favor de la empresa contratista dos ampliaciones de plazo innecesarias por 24 días calendarios (del 7 de junio al 21 de junio de 2018 y del 22 de junio al 30 de junio de 2018), argumentando demora en la tramitación de la aprobación del adicional de obra y el plazo que tomaría su ejecución.
En esa línea, sostuvo que la Gerencia de Proyectos y el gerente de Proyectos de Invermet, en su condición de responsables, tramitaron y aprobaron de manera indebida a favor de la empresa contratista dichas ampliaciones de plazo, lo cual imposibilitó aplicar la máxima penalidad por mora por la suma de S/ 957 893,19 al no haber terminado la obra en el plazo contractual, inobservando el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.
El informe fue notificado al titular de Invermet para dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en estos hechos.
La Contraloría informó la semana pasada que los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales, así como los titulares de los organismos públicos, empresas estatales y sociedades de beneficencia de todo el país, están obligados a presentar ante dicha entidad el Informe de Rendición de Cuentas 2021, cuyo plazo vencía el 29 de abril y para lo cual disponen de un aplicativo informático accesible en la web institucional.