Las sanciones se judicializan y los impactos se van olvidando
La semana pasada se han tenido dos noticias relacionadas con el derrame de petróleo crudo en Ventanilla, ocurrido el 15 de enero 2021, durante la descarga de crudo mediano (28.4° API) para ser utilizado por Refinería La Pampilla SA (RELAPASA) de propiedad de la multinacional española Repsol: 1) la anulación de una multa de 5.0 millones de soles (MMS/.) por parte del Tribunal de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y, 2) que el origen del siniestro estuvo en una falla en la soldadura de la infraestructura de válvulas ubicadas en el fondo marino, que se le conoce con el nombre de PLEM (Pipe Line End Manifold).
Como era de esperarse, luego del luctuoso suceso el avance del estado peruano para exigir un resarcimiento económico por multas e indemnizaciones está prácticamente en fojas cero, es más, van en camino a la judicialización donde el proceso fácilmente tendrá 10 años para llegar a una sentencia consentida.
El gran problema del Estado en este caso es su debilidad institucional. Tan pronto ocurrió el hecho el “paseíllo torero” estuvo al orden del día por parte de diversas autoridades. Presencia para las cámaras, flashes, micrófonos radiales y la foto de la prensa escrita. Estuvieron presentes: el Presidente de la República, su Premier, los Ministros del Ambiente, Energía y Minas, de la Mujer, congresistas, gobernador de la región Callao y alcalde de Ventanilla. Hoy brillan por su ausencia.
El desfile de autoridades era por la búsqueda del espacio mediático para aparecer como diligentes componedores, pero al final de cuentas no aportaban nada. Pero no solo las autoridades, sino las instituciones con sus conductores que aparecieron como severos sancionadores: Primer Ministro, OEFA, OSINERGMIN, SERFOR, MINAM, INDECOPI y MINEM; estuvieron presentes, sin que hayan logrado decisión favorable alguna al interés del Estado.
Sobre el perdonavidas sancionador del Tribunal de la OEFA, ya es público que el conflicto de intereses que existía porque la secretaria técnica del mencionado cuerpo colegiado es esposa de un funcionario de medio ambiente de Relapasa. Aquí hay responsabilidades punibles tanto en RELAPASA y OEFA. No es posible que no supieran de tamaña irregularidad.
Por el lado del tema técnico, la noticia que el PLEM había fallado por el deterioro de una soldadura, no exonera a Relapasa de responsabilidad, sus técnicos tenían que estar presentes durante la recepción en fábrica y dar conformidad luego de someterse a las pruebas que las normas exigen.
Luego de un año, las distintas instituciones que tienen injerencia en el caso no se muestran firmes en el cumplimiento de su rol, sus sanciones han sido apeladas y van a ser judicializadas, sobre la remediación aún no hay entidad especializada que de fe si lo realizado es suficiente; y respecto a la proyección de la rehabilitación de la flora y la fauna, se necesita una opinión autorizada internacionalmente que confirme el tiempo que llevará. Esto permitirá cuantificar la indemnización que debe cobrar el Estado
Por otro lado, sobre el pago a los afectados, se necesita que desde el Estado se tenga un empadronamiento que se convierta en la versión oficial y que se apoye para la negociación con Relapasa para que se otorgue un valor que sea una justa retribución por el perjuicio ocasionado.
Muy poco respeto se les tiene a las autoridades administrativas y judiciales peruanas, y el tiempo se está encargando que todo el daño ocasionado se vaya olvidando paulatinamente. El afectar tres áreas protegidas y 10,000 hectáreas por el derrame de 12,000 barriles de crudo les está resultando barato a la multinacional española.
