El Estado obligado a hacer respetar la Constitución, las leyes y la autoridad
El anuncio de la empresa Mineral and Metals Groups (MMG), concesionaria de Las Bambas –una mina considerada entre los diez megaproyectos más grandes del mundo–, acerca de que suspendería las operaciones en la quincena de diciembre, encendió todas las alarmas. El Estado y el gobierno de Pedro Castillo han abandonado de tal manera el principio de autoridad establecido en la Constitución y las leyes que una minoría de radicales antimineros ha puesto en peligro una de las operaciones de cobre más grande del planeta.
La amenaza a Las Bambas, entonces, es una amenaza directa a las posibilidades de crecimiento y reducción de pobreza en el Perú. Las cifras hablan por sí solas: la mina representa el 1% del PBI, genera 8,000 empleos y decenas de miles de manera indirecta. Antes de que Las Bambas comenzará sus operaciones, la pobreza en los distritos de Apurímac superaba el 60% de la población. Ahora está por debajo del 40%. De otro lado, el PBI de Apurímac se ha duplicado y, sin lugar a dudas, se puede afirmar que la inversión de Las Bambas representa uno de los más grandes acontecimientos económicos en 200 años de vida republicana.
Por todas estas consideraciones, es inaceptable para todos los peruanos, sobre todo para los más pobres y excluidos, que una minoría de radicales antimineros en una zona de Chumbivilcas pretenda extorsionar con demandas absurdas a la operación minera. Estos sectores pretenden el absurdo de ser considerados como zona de influencia directa pese a estar a 200 kilómetros de la mina, y buscan ser favorecidos por contratos millonarios vinculados al transporte.
En este contexto, el Estado y el Ejecutivo solo tienen una responsabilidad: declarar el Estado de emergencia y restablecer el orden aplicando la Constitución y las leyes nacionales, y movilizando a todas las instituciones del sistema de justicia para recuperar el principio de autoridad perdido. De lo contrario, en Las Bambas y el corredor vial del sur se habrá impuesto la ley de la selva. O para ser más expresivos, la zona se habrá convertido en un Viejo Oeste, con pistoleros y violentistas de aquí para allá.
Es absolutamente inaceptable que desde que se iniciaron las operaciones de Las Bambas (una inversión de más de US$ 10, 000 millones), la mina acumule más de 400 días de paralizaciones, y en vez de producir las más de 450,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales proyectadas, en los últimos años, ni siquiera se llegue a las 300,000 TMC. Un verdadero crimen social en contra del más del 25% de pobres de la población peruana, en momentos en que los precios del metal rojo alcanzan niveles históricos (US$ 4.80 la libra), y los economistas señalan que si se ejecutara la cartera de proyectos mineros el país podría crecer por encima del 6% del PBI y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población en muy pocos años.
De otro lado, vale señalar que defender a Las Bambas también es defender a las minas emplazadas en el llamado corredor vial del sur (Las Bambas, Antapaccay, Constancia, Cerro Verde, entre otras) que producen más del 50% del cobre nacional y que, de una u otra manera, también definen el crecimiento de la economía nacional.
Como se aprecia con absoluta claridad, el Gobierno de Pedro Castillo no solo ha paralizado las posibilidades de crecimiento de la inversión privada para el 2022, con los anuncios de la asamblea constituyente y la nacionalización del gas, sino que también ha abandonado cualquier principio de autoridad, dejando que las áreas cercanas a las minas se conviertan en tierras de nadie.
Declarar, entonces, el Estado de emergencia en el corredor vial del sur para salvar Las Bambas y la minería nacional de la amenaza, la extorsión y el chantaje de minorías radicalizadas, es una urgencia nacional.
