El 13 de enero de 2019, en el distrito de Castilla, en Piura, ocurrió un suceso que podría sentar precedente en la historia de nuestra Policía Nacional (PNP): el suboficial Elvis Miranda redujo con un disparo a un presunto delincuente, acusado de haber robado una billetera.
El estruendo abrió dos caminos: por un lado, el alivio de los vecinos de la zona, que están hartos de la delincuencia; y por el otro, el inicio del calvario del suboficial Miranda que, cinco años después, podría terminar en la cárcel por defender un ciudadano.
Lilia Castillo Chirinos es el nombre de la fiscal provincial titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla que estuvo en un inicio a cargo del caso del suboficial y con quien había trabajado ya en diligencias en conjunto en el distrito piurano. Es la misma fiscal que pidió 20 años de cárcel para el policía y que, semanas después, fue suspendida por errores en la acusación.
En la acusación fiscal se reconoce no solo que el procedimiento de Miranda durante la persecución contra Juan Carlos Ramírez Chocán fue de identificación, advertencia, disparos disuasivos y, después de ello, el impacto de bala en el presunto delincuente; sino también el auxilio posterior del suboficial al sujeto herido.
De acuerdo con la PNP, Ramírez Chocán era un desertor del Ejército, además de haber sido detenido en 2017 por robo. En el expediente, se detalla que este sujeto, al igual que Junior Niguel García García, alias ’24’, descendieron de una mototaxi para asaltar a su víctima, identificado como Danfer Jesús Cutín Santos. La Fiscalía señala que el encargado de cogotear a la víctima fue Juan Carlos Ramírez Chocán, posteriormente abatido.
Tras la corrección en el Ministerio Público, la fiscal María Angélica Lazo Alburqueque tomó las riendas de la investigación y, si bien desestimó el pedido de 20 años de prisión, la intención persiste en enviar a la cárcel a Miranda.
