El incumplimiento en la ejecución del gasto destinado a los servicios de limpieza y descolmatación de cauces de quebradas, así como la conformación de diques mediante el uso de maquinaria y/o vehículos pesados para los distritos de Chaclacayo, Lurigancho (Chosica), Punta Negra, San Bartolo, Matucana y San Antonio en las provincias de Lima y Huarochirí, respectivamente, es alarmante y pone en grave riesgo a la población, según se describen a profundidad en los informe técnico legal n° 190-2023/vivienda/vmvu/pnc-maquinarias y informe técnico legal n° 191-2023/vivienda/vmvu/pnc-maquinarias, que nuestro equipo de investigación tuvo acceso.
Estos datos revelan una negligencia significativa por parte de los funcionarios encargados parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desde la ministra Hania Pérez de Cuéllar Lubienska y su viceministro, Hernán Navarro Franco, y el programa nuestras ciudades , área encargada de la descolmatación de ríos y quebradas, donde actualmente el director ejecutivo es el ing. José Carlos Panta Alama (director ejecutivo) y coordinador nacional de pnc-maquinarias es el ing. David Eduardo Chirinos Soriano, y la ing. karla Pamela Bayona Abril (coordinación técnica), y el abogado Roberto Esteban Mundaca Torres.
Es fácil advertir la incapacidad para garantizar el alquiler de maquinaria esencial demuestra una falta de previsión y gestión adecuada, dejando a las comunidades desprotegidas ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales y un posible Fenómeno El Niño.
Es inaceptable que, a pesar de la evidente necesidad y la declaración de Estado de Emergencia, estos malos funcionarios no hayan logrado cumplir con sus responsabilidades. Esta omisión no solo refleja una falta de profesionalismo sino también una falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de la población afectada.
Es crucial que se tomen medidas inmediatas para corregir estas deficiencias y garantizar que los recursos destinados a la protección de la comunidad se utilicen de manera efectiva. La negligencia de estos malos funcionarios no puede tolerarse, ya que su incapacidad para actuar en situaciones críticas pone en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas. Es imperativo que se tomen acciones disciplinarias y correctivas para evitar consecuencias aún más graves y garantizar la efectividad de los esfuerzos de emergencia en el futuro.
La raíz del problema radica en la falta de elaboración de un Término de Referencia (TdR) acorde a las condiciones del mercado. El no considerar la disponibilidad real de maquinaria y vehículos pesados, así como la imposibilidad de encontrar equipos con una antigüedad específica de 6 años, revela una negligencia en la planificación. A pesar de las advertencias sobre la escasez de maquinaria en el mercado, la omisión en ajustar el TdR condujo a la situación actual.
Es crucial señalar que la seguridad y el bienestar de la población están en juego, y la falta de ejecución de este servicio es una negligencia que pone en riesgo a las comunidades afectadas por las intensas precipitaciones pluviales y el posible fenómeno El Niño. La urgencia de atender estas emergencias no puede ser subestimada, y es imperativo que las autoridades responsables revisen y corrijan sus estrategias para garantizar la protección y la pronta respuesta a las necesidades de la población. La falta de acción en este contexto representa un peligro inminente que debe ser abordado de manera urgente y eficaz.
La abrumadora e inaceptable falta de capacidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ejecutar el gasto asignado ha generado una creciente indignación y alarma generalizada. La incompetencia de este organismo en áreas críticas como la Quebrada Huascata, Quebrada El Cuadro en Chaclacayo, Quebrada Cruz del Hueso en Punta Negra y San Bartolo, y Quebrada Vizcachera en Lurigancho, ha alcanzado niveles insostenibles.
Es simplemente incomprensible que, ante la amenaza inminente de intensas precipitaciones pluviales y un posible Fenómeno El Niño durante el período 2023-2024, el Ministerio no haya logrado encontrar soluciones efectivas y oportunas.
A pesar de contar con un presupuesto asignado y metas presupuestales específicas, identificadas con los códigos 0176 0068 3000001 5006144 para Lurigancho-Chosica, 0296 0068 3000001 5006144 para Punta Negra y San Bartolo, y 0297 0068 3000001 5006144 para Chaclacayo y Carabayllo, la efectividad de la implementación de medidas de emergencia es cuestionable y merece una revisión crítica.
En primer lugar, es crucial destacar que tener un presupuesto asignado no es suficiente si la ejecución de las acciones correspondientes no se realiza de manera eficiente y oportuna. La comunidad afectada espera, con razón, resultados concretos y una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. La transparencia en la gestión de estos fondos es fundamental para generar confianza y garantizar que se utilicen de manera efectiva.
La absoluta ineficiencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ejecutar el gasto destinado a situaciones de emergencia, como las que estamos experimentando en Matucana y San Antonio, es una vergonzosa muestra de incompetencia gubernamental que roza lo inaceptable. Nos enfrentamos a una amenaza inminente de fenómenos climáticos adversos, y la respuesta de este ministerio ha sido tan desastrosa que pone en peligro la vida misma de la población.
La población está siendo abandonada a su suerte debido a la ineptitud flagrante de quienes deberían estar protegiéndola.
La falta de acción oportuna y eficiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es una negligencia que pone en riesgo la vida de miles de personas, y esta situación es simplemente inaceptable. Se requiere una respuesta inmediata y contundente antes de que las consecuencias de esta incompetencia sean irreparables.
A pesar de contar con el presupuesto asignado y disponer de una meta presupuestal específica (código 0321 0068 3000001 5006144 atención de actividades de emergencia 19 016 0036) destinada a Matucana en la provincia de Huarochirí, así como otra (código 0322 0068 3000001 5006144 atención de actividades de emergencia 19 016 0036) para San Antonio en la misma provincia, la ejecución de medidas esenciales para la atención de emergencias parece ser insuficiente y tardía.
