Ex regidora de Municipalidad de San Isidro no declaró ese ingreso económico a la Contraloría.
Ministerio Público la investiga por falsedad genérica por ocultar pensión de viudez de España.
El Gobierno Español se alista a reclamar la devolución de la pensión por viudez que recibe ilegal e irregularmente la empresaria y ex regidora de la Municipalidad de San Isidro, Lily Morey Morzan debido que hace poco más de dos años, contrajo nupcias matrimoniales con un ciudadano chileno.
Además, el Ministerio Público también la investiga por haber ocultado a la Contraloría General de la República (CGR) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que recibe más de 10 mil euros anuales (que equivale a 732,60 euros mensuales) por la llamada pensión de “viudedad” (como se conoce en el país ibérico) que le otorgó el Instituto Nacional de Seguridad Social (amparado en el Real Decreto de Pensiones).
En el caso de España, las condiciones para recibir esta pensión vitalicias son claras, pues solo se le otorga a la esposa (en este caso de Lily Morey) por la “necesidad económica que produce a una persona el fallecimiento de su familiar” o que sea su única fuente de ingreso, lo que no corresponde a su real condición económica.
Según la declaración jurada presentada ante la Contraloría en el 2023, Lily Morey es accionista de numerosas empresas nacionales y extranjeras. En el Perú, tiene acciones en empresas de electricidad, tecnología, fondos de inversiones y metalúrgicas, mientras que en el extranjero es accionista de empresas de tecnología, de préstamos, banca especializada en inversiones y empresas que cotizan en la bolsa.
Esta información fue de conocimiento de la abogada Diana Velarde Benavente quien, en enero del 2023, la denunció ante el Ministerio Público por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica al descubrir que la regidora no consignaba una información importante en el Portal Institucional de la Municipalidad de San Isidro.
Su denuncia señala claramente que en su “Declaración Jurada de Intereses, administrada por la Contraloría General de la República, donde se aprecian dos declaraciones juradas que corresponden a la denunciada, una que corresponde al ejercicio 2023 (al inicio) y otra, al ejercicio 2022 (única postulante) observándose, en ambos documentos que en ninguno declaró estar recibiendo alguna pensión de viudez”.
El gobierno de España, a través de la Ley General de la Seguridad Social, ya tendrían conocimiento del tema.
