La decisión unilateral del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, de retirar y cerrar cuatro minas en el sur de Ayacucho, ha desatado una enorme ola de indignación nacional que no solo proviene del sector empresarial, sino que abarca a toda la sociedad. La sensación que deja el anuncio de Vásquez es que en el Perú ya no rigen la Constitución ni las leyes, y no se respetan los contratos. Ahora cualquier minoría radicalizada puede quemar una empresa y lograr el cierre de cuatro minas, tal como ha sucedido.
Al respecto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Minera Ares, Apumayo y Sami (Breapampa) expresaron su rotundo y enérgico rechazo a la decisión de la PCM, que destroza la Constitución e instaura la dictadura de las minorías radicalizadas
Por su lado, la señora Vásquez, mediante un comunicado, intentó calmar el huracán nacional señalando que los cierres de las minas estaban ajustados a un cronograma establecido por el Estado. Sin embargo, al margen de cualquier cronograma, cualquier cierre de mina está sujeto a un diálogo entre el Estado, la comunidad y la empresa por una sola razón: cualquier empresa que invierte en el mediano y largo plazo busca rentabilizar el emprendimiento mediante nuevas exploraciones y nueva producción. Un objetivo que conviene a la recaudación tributaria y el desarrollo de las poblaciones.
El Estado, de ninguna manera puede cerrar una mina, como si se tratara de un gamonal ordenando el fin de una actividad en su chacra. Es evidente, pues, que la decisión de la PCM no solo viola la Constitución, las leyes y los contratos establecidos, sino que revela la naturaleza antiminera de la actual administración Castillo.
Ahora, bien, ¿alguien duda de la naturaleza antiminera del gobierno de Pedro Castillo? El anuncio o la intención de promover una asamblea constituyente ha paralizado cualquier posibilidad de una nueva inversión minera. El anuncio de la nacionalización del gas y de los recursos naturales, igualmente, ha desalentado cualquier nuevo proyecto.
Asimismo, el paquete tributario presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que busca seguir elevando la carga tributaria a las corporaciones mineras, amenaza con quitarle competitividad a esta industria. ¿Por qué? Hoy la carga tributaria minera sobrepasa el 47% de las utilidades y es más alta que la de Australia, Canadá y Chile, países con los que el nuestro compite en atraer nuevas inversiones.
La naturaleza antiminera del Ejecutivo, pues, es real. En este contexto, ¿alguien cree que habrá una nueva inversión en el 2022? Parece imposible.
De otro lado, la decisión de la señora Vásquez de cerrar cuatro minas de manera unilateral, sin consultar con las empresas, como si de actores fuera de la ley se tratara, agrega nueva artillería a los argumentos en contra de la minería. Se trata de la leyenda, del mito o de la narrativa, de las llamadas “cabeceras de cuenca”, que señala que las fuentes hídricas para el consumo humano y para la agricultura se originan sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Según este relato la determinación de una cabecera de cuenca obligaría a prohibir la minería en esas áreas.
Para cualquier ciudadano con dos dedos de frente es incuestionable que cualquier fuente hídrica proviene de las lluvias. Por lo tanto, si se quiere tener agua de primera calidad se tiene que construir represas y reservorios. Las cuatro minas cerradas unilateralmente se emplazarían, según el relato antiminero de la PCM, en una cabecera de cuenca.
El Ejecutivo ha detonado una bomba nuclear en contra de la estabilidad política, económica y social del país con el cierre arbitrario de cuatro minas. Se ha rendido ante las minorías radicalizadas y violentistas y ha hecho trizas la Constitución y las leyes. ¿Cómo salvamos al Perú en esta situación? Esa es la pregunta.