- A como de lugar la Ávalos no quiere ser inhabilitada por cinco años
- Se le acusa de no investigar al corrupto ex presidente, Pedro Castillo
Antes la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos era uno de los personajes más poderoso, se codeaba con el poder. Se gano muchos anticuerpos por sus polémicas decisiones y siempre estaba a la comparsa de los gobernantes de turno. Ahora visitando diversos medios de comunicación para explicar que es inocente, para señalar que hay una venganza política en su contra y buscando alianzas en el Congreso.
La meta que tiene la Ávalos es no ser inhabilitada. Es permanecer con el título de Fiscal Supremo para poder llegar a ser nuevamente Fiscal de la Nación, porque tiene la esperanza que sus amigo de las Junta Nacional de Justicia castiguen a la actual titular del Ministerio Publico, Patricia Benavides por la denuncia de la tesis.
En efecto la Junta Nacional de Justicia (JNJ) invocó al Congreso de la República “la mayor reflexión” sobre la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debido a que las imputaciones en su contra guardan relación “con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”.
En ese sentido, la JNJ sostuvo que la “judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socaban la convivencia social y ciudadana”.
“La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. Ninguna conciencia democrática y Republica debería permanecer indiferente ante los desafíos que estas circunstancias suponen”, mencionaron en el comunicado.
Por otro lado, la JNJ señaló que respetan la atribución constitucional propia del Congreso de la República, contenida en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y que el ejercicio de estas facultades debe realizarse ponderando los valores constitucionales en juego, “contenido en los artículos 139.2, 146.1 y 158.2 de la Constitución, entre otros, relativos a la independencia en la administración de justicia”.
“La JNJ no acude en defensa de una persona. Este órgano constitucional autónomo defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia”, finalizaron.
Como se recuerda, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, deberá presentarse ante el pleno del Congreso el próximo jueves, 25 de mayo, como parte del proceso que se sigue en su contra por presunta infracción constitucional.
La fiscal suprema es investigada en el Parlamento por la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en torno a las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. Dicho proceso podría terminar en su inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública.
Al respecto, Ávalos Rivera, afirmó no haber cometido infracción constitucional alguna, sino que por el contrario fue la primera titular del Ministerio Público en abrir investigación contra dos presidentes en funciones.
Por otro lado, Ávalos solicitó a Patricia Benavides, la actual representante del Ministerio Público, convocar a una Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos.
En el oficio N.° 466-2023-MP-FN-2°FSUPR.P cursado este lunes 22 de mayo hacia el Ministerio Público, la exfiscal precisó a Benavides que «en atención a que ha sido citada al Congreso de la República para este jueves 25 de mayo, donde se votará la denuncia constitucional que se me ha formulado y en la que se propone mi inhabilitación por el término de 5 años, solicito tenga a bien convocar, en el más breve plazo posible, una Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos».
Con esta reunión, Ávalos espera que «se analice y apruebe un texto de pronunciamiento de esta máxima instancia administrativa del Ministerio Público». Por ello, este pedido ha sido rotulado como «urgente» a fin de que se atienda su solicitud con la premura que amerita una inhabilitación de toda función pública a la que será sometida en tres días.
Asimismo, consideró que la medida que se intenta tomar en el Congreso es un hecho «además de injusto en lo personal», que podría resultar en un «claro atentado contra la autonomía e independencia institucional, y un menoscabo del ‘régimen democrático'».
Si bien hasta la fecha no se ha anunciado que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya respondido o tomado acciones respecto a este documento, se espera que lo haga pronto, sobre todo a fin de desacreditar las dudas respecto a las supuestas intenciones de perpetuar su mandato hasta el 2027 con apoyo de la Junta de Jueces Supremos.
La exfiscal de la Nación refirió que afronta «un linchamiento político» por parte de «un sector» del Congreso, lo cual – según dijo- «da una señal» de peligro a la autonomía de la Fiscalía.
«Esto para mi es un linchamiento político, pero, más que eso, es un ataque a la autonomía e independencia del sistema de administración de justicia», sostuvo.
«Lo grave es la señal que está mandando un sector del Congreso que pretende inhabilitarme por cuestiones políticas. La señal es: si tú no te alineas a mis intereses políticos, te destituyo, te voto. Eso quiebra todo orden constitucional porque debilita, quebranta, el equilibrio de poderes (…) Es una amenaza contra el sistema nacional de justicia», añadió.
Sobre las acusaciones en su contra, Ávalos resaltó que la investigación en torno a los presuntos hechos irregulares cometidos por el expresidente Castillo inició en noviembre del 2021 y que, «en menos de dos meses», presentó una denuncia constitucional contra él.
«Los hechos de las situaciones irregulares que habrían cometido el expresidente Castillo se suscitaron en noviembre del 2021. El 10 de noviembre inicio la investigación, armo mi hipótesis, y se inicia contra el ministro Ayala y contra Bruno Pacheco y, en menos de dos meses, llamo a declarar como testigo a Castillo Terrones«, explicó.
«Un 28 de diciembre se le llama a declarar, incurre en una serie de contradicciones, y de esa investigación que empieza el 10 de noviembre, en menos de dos meses, el 4 de enero del 2022, habiendo encontrado elementos que merecían ser investigados, decido presentar la denuncia constitucional contra él. En ningún momento, me rehusé a investigarlo», sostuvo.
En ese sentido, consideró haber «abierto camino» para que un presidente en funciones pueda ser investigado, lo cual -según dijo- ninguno de sus antecesores hizo.
«Durante 39 años, todos los fiscales de la Nación eran de la opinión de que no se podía investigar a un presidente por delitos cometidos en su mandato. Yo rompo esa posición jurídica el 2020 con el expresidente Martín Vizcarra porque me llega una investigación y veo que hay elementos que ameritan que sea investigado», indicó.
«Yo abrí un camino que nadie había abierto porque, por el artículo 117, todos habían archivado preliminarmente, todos lo hicieron. La Dra. Gladys Echaíz archivó 2 casos contra Alan García, José Antonio Peláez también dos casos. No se investigaba nada, se archivaba de plano», agregó.
Por otro lado, la fiscal suprema resaltó que como titular del Ministerio Público formuló 43 denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, muchas de ellas archivadas por el Congreso.
«En mi gestión, he hecho 43 denuncias constitucionales versus los anteriores fiscales que, lo más que hicieron, fue tres denuncias constitucionales que se hacen solamente contra altos funcionarios como ministros, congresistas, fiscales supremos, generalmente por actos de corrupción», explicó.
«La gran mayoría de las denuncias que he presentado han sido archivadas por el Congreso. Presenté tres denuncias contra el excontralor Edgar Alarcón y fueron archivadas por el Parlamento. Denuncias contra Héctor Becerril y fueron archivadas. Denuncias contra Jorge del Castillo, Velásquez Quesquén, el expresidente Manuel Merino y fueron archivadas (…) Eso me ha generado que se me abran muchos frentes de enemigos», indicó.
Ante ello, Ávalos Rivera dijo «confiar» en que el Congreso tomará una decisión sensata sobre su caso, aunque lamentó que todo se decida en base a votos.
«Desgraciadamente, en el Congreso, a veces las cosas no se dan en base a la razón jurídica, sino en base al voto. Pero yo espero y confío que se levanten voces que entiendan que es deber de un fiscal respetar y hacer respetar la Constitución«, sostuvo.
«No podemos atentar contra el equilibrio de poderes, contra la independencia de instituciones que tienen autonomía. Eso es grave porque da una señal amenazante», puntualizó.
