Para instaurar un Estado empresario interventor y populista
El pasado sábado 25 de marzo tuve la oportunidad de participar en un conversatorio titulado “Referéndum y Constitución. Una visión desde la Región Piura”, organizado por el Comité pro referéndum-Piura y realizado en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Piura (ICAP). Compartí mesa con los docentes Rafael Rodríguez Campos (profesor de la PUCP), Juan Carlos Negro Balarezo (decano de la Facultad de Derecho y CC.PP. de la Universidad Nacional de Piura), así como los abogados Elar Torres Quiroz y Pedro Montalbán, como panelistas. El conversatorio fue inaugurado con las palabras del Decano del ICAP, Héctor Castillo Nizama. Con la asistencia de representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados y público interesado, la jornada se desarrolló con la exposición de cada invitado, ajustada a un tiempo establecido por sus organizadores.
Los lectores de la columna podrán suponer que mi posición fue sostener la imprudencia de convocar a una nueva asamblea constituyente. Nuestra historia republicana atravesó por doce procesos diferentes confirmando la República, el Estado unitario, el régimen presidencial con progresivos ajustes, sumado al Estado Social, amplios catálogos de derechos fundamentales y acceso a la jurisdicción supranacional. Un largo proceso ocurrido entre las constituciones de 1823 y la actual de 1993 que, en vez de asambleas constituyentes, bien pudo gestarse a través de reformas a la Constitución de 1828 (en opinión del profesor Manuel Vicente Villarán, la madre de las constituciones peruanas), o la Carta de 1860 (la de mayor duración, a pesar de sendas interrupciones democráticas).
Desde la Constitución de 1823 hasta la actualidad, los doce textos constitucionales fueron responsables de la falta de consenso, ingobernabilidad y actos de corrupción denunciados por una clase política fallida que se recicla reclamando un nuevo pacto social. La Constitución de 1993 no es la excepción, con la diferencia de que se trata de un documento con desarrollo jurisprudencial sin precedentes, con cinco gobiernos democráticos consecutivos y que obró como medio para resolver crisis políticas (dos transiciones democráticas, dos sucesiones presidenciales), así como el riesgoso ejercicio de instituciones nucleares (dos vacancias presidenciales y una irregular disolución parlamentaria).
Culminadas las intervenciones de los expositores y panelistas, parte del público asistente brindó sus opiniones. Todas ellas revestidas de ciertas inexactitudes respecto al contenido de la Constitución, incluso posiciones ideológicas divisorias para agudizar las contradicciones. En suma, se dijo que la Carta de 1993 es un documento para una élite, un medio para que las transnacionales “se lleven los recursos naturales” y que discrimina la dimensión pluricultural del Perú. Los argumentos de los panelistas y representantes de colectivos ciudadanos no reparan en que los impuestos pagados por los ciudadanos y personas jurídicas al Estado, que debe distribuir la riqueza en mejores servicios públicos para todos (agua, desagüe, luz, educación, salud, infraestructura, etcétera); tampoco mencionan que la corrupción es un flagelo en el aparato estatal que no se aborda política ni judicialmente. La estrategia se resume en culpar a la Constitución para instaurar un Estado empresario interventor, populista en la economía e invasor de la vida privada y familiar, ya sea por las buenas o de forma autoritaria ante cualquier resistencia ciudadana.
Finalmente, la jornada terminó con un público agradecido; pero también con evidencia de un comprensible descontento sobre el estado de cosas que acontecen en el país y buscando culpables. En ese sentido, lo que deseo transmitir es que la responsable de los actuales problemas no es la Constitución, es la corrupción encubierta por diversos tipos de organizaciones compuestas por un sector de la clase política, en la administración pública, la minería informal y el narcotráfico.