Proceso constitucional, lucha contra la corrupción y República
Las instituciones no son otra cosa que las reglas de juego permanentes en el tiempo. Defender la institucionalidad equivaldría, entonces, a defender un estado de las cosas más allá de las simples personas. Quienes defienden al presidente Vizcarra y se oponen al proceso de vacancia argumentan que es en nombre de la “institucionalidad”, cuando lo que hacen es todo lo contrario: no defienden reglas, principios, leyes ni valores. Defienden personas.
El presidente Vizcarra está destruyendo los pilares de la lucha contra la corrupción. Uno de ellos es la figura del colaborador eficaz, que ha sido fundamental en todos los procesos en América Latina donde se ha brindado información clave. Pero no es lo único.
Si en el futuro a otro jefe de Estado se le acusara de actos de corrupción, el nefasto precedente de no ser investigado y limitado en su accionar podrá ser utilizado. En la práctica constituye un estímulo para cualquier corrupción en el futuro. Como es obvio, de este nefasto precedente, también serán responsables las autoridades del sistema de justicia. La limitación en el accionar es propia del hecho investigativo, pues la posibilidad de modificar o desaparecer pruebas se minimiza.
La sociedad en su conjunto se está acostumbrando a convivir con las faltas a la verdad del presidente. La inaceptable actitud de quien se supone representa a la Nación se ha vuelto un lugar común. Se ha hecho tolerable que el presidente de la República falte a la verdad y niegue hechos contundentes. Ese solo hecho sería causal del retiro de la presidencia en cualquier país civilizado.
El Perú llega al Bicentenario con un presidente de la República que sabe que está en problemas. Por eso es imprescindible que la moción de vacancia que se debatirá este sábado sea aceptada y se le dé curso en el Congreso de la República. El presidente Vizcarra no puede seguir ignorando los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes; tiene que dar explicaciones en el lugar que corresponde: el Congreso de la República. Cada quién decide en qué página, de la honorabilidad o del ridículo, pasa a la historia. Pero lo pertinente es que acuda al Parlamento, el presidente o su abogado, y quede registro de lo que entiendan por explicación sobre los graves hechos de que se le acusan.
