La jnj tendría los días contados, el congreso dará prioridad a la expulsión de sus integrantes por actuar en forma abusiva
- Patricia Benavides ante la comisión de Justicia: «Soy víctima de la venganza política»
- Pablo Sánchez dispone la reposición de Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción
Quien a hierro mata a hierro muere, sin duda que este refrán le cae como anillo al dedo a los integrantes de la cuestionada Junta Nacional de Justicia, un ente político creado en el gobierno del procesado ex presidente Martín Vizcarra donde la ola caviar ha provocado un tsunami en la Fiscalía de la Nación.
Ellos no han examinado como debe ser el expediente que desde por el cual se armó un complot político contra la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides quien no se negó a presentarse ante la JNJ a presentar sus descargos, lo que pidió fue la inhibición de sus integrantes ya que estaban siendo procesados por el Ministerio Publico.
Y no es ningún secreto que el resultado de suspensión a Benavides ya lo tenían preparado.
Estos señores que se entornillan en el cargo y que se creen intocables no quieren que el Parlamento los sanciones y presentaron demandas judiciales para poder seguir en sus puestos.
Esos puestos no son eternos, tarde o temprano se tendrán que ir. Pero ya están en el ojo de la tormenta y esta semana si se tiene un Congreso con pantalones, deben fijar posición y terminar con la crisis.
Un severo control político y tener una JNJ con personal notable en leyes y que no este politizado es lo ideal. Pero tener una JNJ que obedece a consignas políticas no es lo mejor para un país golpeado por la crisis.
Es por eso que hay una moción de orden del día 9525, impulsada por los derechistas Alejandro Muñante y Jorge Montoya, quienes plantean la remoción de los integrantes de la JNJ por la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal en el Ministerio Público.
La Junta de Portavoces del Congreso acordó priorizar en la agenda del pleno la moción que plantea la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la suspensión temporal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La moción de orden del día 9525, impulsada por los derechistas Alejandro Muñante y Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, señala que la medida de la JNJ «constituye una flagrante violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia» por un supuesto conflicto de intereses entre Benavides Vargas y los integrantes del órgano encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el país.
El Parlamento informó que el pleno se reunirá este miércoles 13, el jueves 14 y el viernes 15 para tratar diversos dictámenes de proyectos de ley y mociones.
Los tres exasesores de Patricia Benavides, entre ellos Jaime Villanueva Barreto, son investigados por presuntamente formar parte de una red criminal vinculada a presuntos delitos a tráfico de influencias en agravio del Estado.
Según la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, esa organización, que lideraría la propia Benavides Vargas, negociaba la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la remoción de los miembros de Junta Nacional de Justicia a cambio de archivar procesos contra parlamentarios.
Ante esta grave denuncia, el pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento disciplinario inmediato a la entonces fiscal de la Nación, quien luego presentó al Poder Judicial un pedido para ampliar los efectos de una medida cautelar a su favor a esta acción de la JNJ.
El pasado 6 de diciembre, la JNJ decidió por unanimidad disponer la suspensión por 6 meses de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación.
Patricia Benavides no está siendo investigada, pues goza un fuero especial que le confería su puesto.
Mientras tanto la suspendida titular del Ministerio Público rechazó nuevamente las acusaciones en su contra y aseguró que su salida del cargo se trata de una «arremetida política» contra la Fiscalía.
Patricia Benavides se presentó ante la comisión de Justicia del Congreso y reiteró que no lidera una presunta organización criminal, tal y como se señala en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’. En ese sentido, la suspendida Fiscal de la Nación afirmó que todo se trata de una venganza en su contra.
«He combatido la corrupción en todas sus manifestaciones y, ahora, soy víctima de la venganza política. Tengo 28 años de carrera fiscal, siempre he dado la cara, nunca me he corrido. Y una muestra de ello, es que he acudido a cada una de las llamadas», indicó ante el grupo de trabajo parlamentario.
Patricia Benavides cuestionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no siguiera un procedimiento legal establecido para retirarla del cargo.
«Se ha iniciado una investigación con trampa y que encubre una voluntad política inconstitucional e ilegal. Está consolidando que cualquier fiscal, sin respetar el fuero constitucional, investigue a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución», refirió.
Benavides aseveró, en esa línea, que su suspensión y eventual destitución es una antesala de lo que consideró una «arremetida política» contra el Ministerio Público.
«No se ha respetado el debido proceso, esa es la verdad. No quisieron cumplir que sea un fiscal supremo y un juez supremo quienes asuman competencia», agregó.
Patricia Benavides presentó un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para revocar la suspensión provisional de su cargo como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
Benavides Vargas fundamentó que, pese a las acusaciones, no afronta una investigación fiscal por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del MP y con nexos en el Congreso.
“Debo precisar que hasta el momento no tengo carpeta fiscal abierta en mi contra ni estoy siendo investigada por el presunto delito de organización criminal”, se lee en el documento.
Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) señalan que Jaime Villanueva, principal asesor de Benavides, habría sido su intermediario para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo.
Y quienes llevan las de ganar hacen de las suyas en el Ministerio Publico, por eso es que la Junta de Fiscales Supremos anunció la reincorporación de Delia Espinoza a dicho órgano de gobierno del Ministerio Público, a raíz de la crisis institucional que afronta por la investigación que involucra a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una organización criminal.
Espinoza Valenzuela era representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNJ) desde noviembre, pero señaló que deseaba su regreso para colaborar con «el trabajo arduo que se necesita realizar en estos momentos» de crisis en la Fiscalía de la Nación.
La fiscal suprema Delia Espinoza aclaró en su pedido de reincorporación que esto «no significa una renuncia» a su designación en el pleno del JNE.
«Por el contrario, dada la situación adversa que se viene presentando para la digna institución que representamos, se requieren adoptar medidas extraordinarias en salvaguarda de los intereses y funciones institucionales», finaliza el documento que ella presentó.
También la Junta de Fiscales Supremos informó en su pronunciamiento que Pablo Sánchez Velarde declinó el cargo de Fiscal de la Nación interino y que en su lugar asumirá Juan Villena Campana.
La Junta Nacional de Justicia suspendió por seis meses a Patricia Benavides mientras duren las investigaciones que pesan en su contra por supuestamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público.
El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, antes de dejar el cargo de fiscal de la Nación interino, dispuso la reincorporación de la fiscal Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder (EFICCOP).
Sánchez Velarde dio por concluido los efectos de la resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 3286-2023-MP-FN, del 25 de noviembre firmada por la ahora suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Benavides había retirado a Barreto Rivera del EFICCOP y la designó al despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
La resolución también dispone concluir la encargatura por excepción, de la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, al abogado Fredy Gutiérrez Crespo, Fiscal Adjunto Superior.
En las próximas horas, el Fiscal de la Nación Interino Juan Carlos Villena Campana, deberá disponer que la resolución sea publicada en las Normas Legales de El Peruano para oficializar la decisión.