El Estado de derecho sobrevive pese a la ola insurreccional
Cualquier Gobierno de la centro derecha ya habría sucumbido ante la oleada insurreccional que ha causado 45 lamentables y trágicas muertes y, de una u otra manera, el Estado de derecho se habría derrumbado y ya estaríamos con preparativos de asamblea constituyente. En Chile, por mucho menos, el octubrismo del 2019 –que causó 34 muertes en tres meses– derrumbó a la derecha chilena y el país del sur se embarcó en un camino constituyente que los sigue destruyendo.
¿Cómo entonces entender la firmeza, la decisión inquebrantable de Dina Boluarte de permanecer en el poder? Y si consideramos que ella proviene de la izquierda que proponía una constituyente, entonces la pregunta se vuelve más acuciante y la paradoja más intensa.
Una respuesta a la interrogante evidentemente tiene que ver con la sobrevivencia. Si la jefe de Estado no aplicaba los mecanismos constitucionales que prevé la Constitución –estado de emergencia y de excepción– para contener el proceso insurreccional y se producía el regreso de Pedro Castillo al poder, era evidente que –utilizando una figura– los primeros fusilados del contragolpe revolucionario iban a ser ella y los mandos militares que respaldaron la Constitución y el Estado de derecho ante el golpe fallido del exmandatario.
Ahora bien, es incuestionable que sin el papel desarrollado por Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros (PCM), habría sido imposible, según todas las versiones, que Boluarte estableciera esa sinergia, que se observa hasta hoy, entre el poder civil y las fuerzas armadas y policiales para enfrentar el proceso insurreccional contra el Estado de derecho.
¿Por qué es necesario recordar estas cosas? Porque, de una u otra manera, al margen quizá de sus propias voluntades, la jefe de Estado y los ministros de la administración Boluarte están desarrollando una labor difícil de medir, difícil de valorar, en estos momentos de violencia y de trágicas y lamentables muertes de peruanos.
No cabe la menor duda de que la resistencia de Boluarte y la acción democrática de las fuerzas de seguridad derrotará a la insurrección contra el Estado de derecho. Si consideramos la fragilidad y la debilidad de los partidos, la ausencia de los partidos de la centro derecha y de la izquierda caviar en el sur del Perú en las comunidades de los Andes, y el hecho de que el Estado –durante año y medio de gobierno de Castillo– promovió la asamblea constituyente y el actual proceso insurreccional, la conducta de Boluarte innegablemente formará parte de los grandes momentos de la historia, aquellos en los que se preservó el Estado de derecho contra una amenaza totalitaria.
A veces los hombres no son dueños de sus acciones ni de sus voluntades, porque las circunstancias, los acontecimientos, parecen adquirir voluntad propia. Este es uno de esos momentos. De allí que los republicanos, los defensores de la libertad, tengamos que evitar que se judicialice a Boluarte y su gobierno por defender la Constitución y el Estado de derecho, porque los únicos responsables de las muertes son las vanguardias comunistas que atacan aeropuertos. Y también porque es la única manera de evitar la judicialización de nuestros soldados y policías, que una vez más salvan al Perú del fracaso de los civiles.
