A 4 años y 3 meses del desastre sanitario propiciado por el vacado expresidente Martín Vizcarra, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, archivó el caso por el que tantos peruanos murieron en pandemia.
Esta es la deplorable disposición fiscal de 28 páginas que se tumba la investigación contra el exmandatario y sus exministros por la compra de pruebas serológicas o rápidas. ¿La consecuencia? Falsos negativos y miles de vidas perdidas por un diagnóstico errado.
¿Cómo inició la investigación por las pruebas rápidas, hoy escandalosamente archivada? En marzo de 2021, la ex procuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, denunció presunta colusión en una sospechosa reunión al inicio de la pandemia.
Con la presencia de Vizcarra y sus exministros María Antonieta Alva, de Economía, y Elizabeth Hinostroza, de Salud, la reunión habría servido para concertar ilícitamente la compra de un millón 400 mil pruebas rápidas o serológicas. Luego, el exministro de Salud, Víctor Zamora, se habría encargado de cambiar las reglas de juego.
Por entonces, nadie sospechó que Vizcarra, con sus pruebas rápidas, manejaría la pandemia hasta convertir al Perú en el país con mayor mortalidad percápita del mundo: más de 200 mil fallecidos.
Y lo que resultó peor, quizá su más grande demérito indeleble, es que no fue el último, sino uno de los primeros que se vacunó a escondidas en Palacio de Gobierno, junto a su esposa y hermano; mientras miles de peruanos, evaluados con pruebas rápidas, morían.
La denuncia por la compra de las pruebas rápidas amañadas dio vueltas por la Fiscalía de la Nación desde marzo de 2021. Primero pasó por las manos de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien nunca tocó sus investigaciones. Ávalos se hizo la ciega, sorda y muda.
Pero hoy, que justo Zoraida Ávalos ha sido reincorporada hace algunos días al Ministerio Público, Juan Carlos Villena emitió una disposición fiscal de 28 páginas, la cual manda al archivo la dolosa compra de pruebas rápidas.
- La reunión con los empresarios solo fue informativa: «Al cabo de diligencias preliminares practicadas, no se ha verificado información que permita sostener (…) existencias de pactos o tratativas indebidas. Por el contrario, las personas que participaron, han señalado que la reunión tuvo carácter informativo», se lee.
- No se llama delito, se llama «decisión deficiente»: «El hecho de haberse adoptado la decisión de adquirir las llamadas ‘pruebas rápidas’, pese a que habrían tenido menor grado de eficiencia (…) No constituye indicio revelador. Es importante distinguir entre tales decisiones deficientes o inadecuadas y aquellas de conductas de carácter delictivo», precisa.
