crece el descontento y llamado a la vacancia ante funcionarios que contratan a sus amigotes y empresas familiares que ganan licitaciones
- Los ministros Aníbal Torres y Pedro Francke cuyos familiares han ganado contratos con el Estado, no les pasa nada
Como quieren que el pueblo no demuestre su descontento con el gobierno. Como quieren que el pueblo que le dio su voto a Perú Libre para que gane las elecciones, este ahora descontenta.
Si son los propios altos funcionarios del gobierno hacen lo que quieren, cambian las reglas para contratar a sus amigotes. Sus familiares hacen contratos con el Estado, a pesar de estar prohibido.
Los que llegan a ocupar altos cargos no llegan a trabajar por el Estado, llegan a servirse del Estado y con una frescura total. No hay un mínimo de decencia, no hay un mínimo vergüenza.
Qué ejemplo tenemos, si es el propio Jefe de Estado, Pedro Castillo quien movió sus hilos de poder antes de asumir la presidencia para cambiar los parámetros nuevos para ser secretario general de Palacio de Gobierno.
Al cambiar los requerimientos, le fue más fácil que se nombre a Bruno Pacheco, ya que la valla impuesta era demasiada alta para él. Ahora ya fuera del gobierno, mejor dicho, sin cargo y seguro que seguirá moviendo su telaraña.
Si en ese momento Castillo hubiera dejado las cosas como están, hubiera tenido un profesional de nivel y no a Pacheco, quien esta denunciado en la Fiscalía.
Pero, que corona tienen otros altos funcionarios que se hacen de la vista gorda y se excusan de que sus familiares tienen contratos con el Estado. Dicen que no sabían o que van devolver el dinero.
Hay que tener algo de decencia y sin ir muy lejos, observen de la denuncia realizada por Panorama. La ministra de la mujer, Anahí Durand, contrató a su socia Patricia Angulo Bocanegra como asesora en su despacho ministerial con un sueldo de S/15.600. Ella entró a trabajar el 5 de agosto de este año, bajo la modalidad de contratación FAG.
Ambas son miembros del Consejo Directivo de la Asociación Nuestro Sur, espacio de reflexión y acción política, plataforma que promueve la Asamblea Constituyente.
Duran tiene todo el derecho de convocar a los profesionales que desee. Pero tiene que haber un tamiz mínimo. Más allá de que no tenga antecedentes o no reúna la capacidad. Pero contratar a su socia, mejor que traslade a toda la Asociación Nuestro Sur, al ministerio.
Veremos cómo funciona la Contraloría, Fiscalía o el Congreso ante esta denuncia.
Y quien si tiene corona sin duda es el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, quien se pronunció respecto de la información difundida por el Organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE) sobre contratos que dos de sus parientes realizaron con el Estado.
El ministro descartó cualquier tipo de injerencia en estos contratos. Según precisó, los mismos vinculan al hijo de su esposa y a la empresa de la que su hija era socia.
El titular del MEF indicó que el hijo de su esposa brindaba servicios al Ministerio de Educación (Minedu) desde antes de las Elecciones por órdenes de servicio, pues los contratos eran por un monto menor de 8 UIT y sin contrato laboral.
Añadió que las últimas dos contrataciones del hijo de su esposa se dieron cuando ya era ministro. Ante esta situación, el contratado solicitó al Minedu que inicie el procedimiento para declarar la nulidad de las órdenes de servicio, además de devolver los dos últimos pagos realizados.
En tanto, respecto del caso de su hija, el ministro señaló que ella era socia de la empresa Programa Apollo SAC, a la que renunció a principios de julio de 2021, pero su renuncia no fue reportada oportunamente por la empresa al OSCE y luego de eso tuvo un contrato con la empresa EMILIMA.
Francke sostuvo que esta situación fue reportada a la entidad contratante por la gerenta general de la empresa Programa Apollo SAC, que pidió anular la orden de servicio vigente y devolvió el monto recibido como pago.
OSCE advirtió, que Alejandro Martín Mirones Mendoza realizó dos contrataciones como persona natural ante el Minedu, mientras que la empresa Programa Apollo, de la cual Teresa Charo Francke Rojo sería socia, fue contratada por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima SA.
Esto pese a los impedimentos establecidos en el artículo 11 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece impedimentos para que familiares de altas autoridades contraten con el Estado, mientras estén en el cargo. Dichos impedimentos se extienden hasta 12 meses después del cese y solo en el mismo sector.
Al respecto, desde OSCE precisaron en un dictamen, que Mirones Mendoza, así como la empresa Programa Apollo SAC, de la cual Francke Rojo sería socia, están impedidos de contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo de Pedro Francke como ministro de Economía y Finanzas.
Advierten, además, indicios de la comisión de una infracción normativa de contrataciones del Estado, según el artículo 50 del TUO, el cual establece que contratar con el Estado a pesar de estar impedido, constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual ya fue informado sobre el dictamen de la OSCE, a fin de iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.
Y otro que tiene corona al parecer es el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal torres quien salió en defensa de las acusaciones hechas y explicó que la adjudicación a favor de una empresa vinculada a familiares del ministro fue antes de que el abogado jurara en el cargo.
Asimismo, el mismo Torres envió un oficio al contralor general de la República, Nelson Shack, y al titular del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Diego Montes, en el que solicita evaluar la validez del contrato de Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) con la empresa Aldem SAC, que tiene como apoderado a su hermano, Víctor Torres Vásquez.
“Con relación a la empresa de familiares del ministro Aníbal Torres que contrató con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad dependiente del Minsa, se realizó un proceso de concurso público que se inició el 3 de junio de 2021 y se otorgó la buena pro el 22 de julio el 2021, mucho antes de que el actual titular del MINJUSDH asumiera o conociera que ocuparía el cargo de ministro”, señala un comunicado emitido por el sector.
“Por lo tanto, no existió ninguna injerencia para que dicha empresa obtuviera algún favorecimiento”, remarcó el MinJus, aunque la suscripción del contrato ocurrió el 12 de agosto, fecha en la que Aníbal Torres ya había jurado como ministro.
Las acciones del Ministerio de Justicia y su titular, Aníbal Torres, se dan tras la acusación de la expresidenta del OSCE Mónica Yaya, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
De acuerdo a lo expuesto por Yaya, la empresa Aldem SAC, cuyos apoderados son el hermano y sobrino del actual ministro de Justicia, contrató con el Estado cuando Torres ya se encontraba en el Poder Ejecutivo.
“Habrán tomado conocimiento del contrato que ha firmado la empresa Aldem SAC, cuyo apoderado es el hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, un contrato por 14 millones de soles que fue firmado en agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres ya era ministro de Justicia”, indicó.
“El hermano del señor Aníbal Torres y su sobrino son los socios de la empresa Aldem SAC. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidas de firmar contratos con el Estado aquellas empresas que tengan como apoderados a los hermanos de los ministros de Estado”, agregó.
Por su parte la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, señaló que es importante que el propio Torres aclare esta situación “Es un tema que hay que tomarlo en serio. No puede haber duda de algún tipo de favorecimiento con respecto a familiares de alguien que está ejerciendo esta labor.”, declaró la premier en la sede de la PCM.
Torres se pronunció en su cuenta de Twitter. Foto: captura
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Como se informó, la expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Mónica Yaya dio a conocer a la Comisión de Fiscalización del Parlamento que el hermano del actual ministro de Justicia Víctor Torres Vásquez contrató con el Estado cuando Torres ya era titular de la cartera.
“Habrán tomado conocimiento del contrato que ha firmado la empresa Aldem SAC, cuyo apoderado es el hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, un contrato por 14 millones de soles que fue firmado en agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres ya era ministro de Justicia”, precisó.
Expresidenta de la OSCE afirmó que contrato fue con el Cenares
Según declaró Mónica Yaya en su momento, el contrato fue para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
PUEDES VER: Vásquez sobre empresa de hermano de Torres: Serían adjudicaciones anteriores a su designación
“El hermano del señor Aníbal Torres y su sobrino son los socios de la empresa Aldem SAC. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidas de firmar contratos con el Estado aquellas empresas que tengan como apoderados a los hermanos de los ministros de Estado”, acotó.
