Minorías radicalizadas cambian el modelo económico
En el Perú no hay Estado porque algunas minorías radicalizadas pueden bloquear carreteras, atentar contra la propiedad pública y privada y, encima, imponer la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, que fue preservada durante dos décadas por cuatro ejecutivos y cuatro legislativos elegidos en sufragio.
Un Ejecutivo interino y un Legislativo interino han derribado una de las columnas del modelo económico. Es incuestionable que los services y los contratos informales eran los peores enemigos de la mencionada ley, pero esos hechos tenían que ver con la responsabilidad del Estado, no del sector privado que invierte y crea empleo formal en el sector.
¿Por qué el Gobierno interino de Sagasti tiene enorme responsabilidad en lo que se viene? Porque las instituciones del Estado –es decir, el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial– se han quedado sin capacidad coercitiva frente a las minorías radicalizadas. El motivo: la Policía Nacional del Perú está en huelga de brazos caídos luego del descabezamiento de la institución y la campaña de demonización policial. El Ejecutivo señala que no busca el enfrentamiento, sino “el reconocimiento” entre los sectores en pugna. Sin embargo, ¿qué tienen que ver esos objetivos con permitir la derogatoria de la ley agraria? Al margen de discrepancias, ¿lo correcto no era modificarla? La única explicación es que no se puede con la evidente huelga de brazos caídos en la policía.
Por favor, nadie está solicitando represión. Es absurdo. Lo que no puede suceder es que un piquete de 30 o 40 personas tenga el derecho de autorizar el paso de los vehículos en las carreteras. Para los siguientes días se anuncian protestas en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se emplazan las minas que producen el 50% del cobre nacional. ¿Qué va a hacer el presidente Sagasti frente a los bloqueos y la interrupción del trabajo de las minas? ¿Qué va a hacer el Congreso frente a la presión social? ¿Derogar la Ley General de Minería? Y si las cosas se agravan y se exige que la única posibilidad de restaurar la vida y la normalidad en el sur es la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Qué van a hacer el Ejecutivo y el Congreso interinos?
Nuestra apuesta sigue siendo respaldar con todo a la administración Sagasti para garantizar las elecciones del 2021. Sin embargo, si el Ejecutivo no recupera la autoridad del Estado, si no reorganiza con extrema rapidez a la PNP (ante los destrozos que le causó a la institución el anterior ministro), si no se restablece un mínimo de gobernabilidad, quizá sea difícil llegar al 2021. O en su defecto, se llegará con la constituyente en la espalda o con un sistema republicano convertido en las ruinas con que sueñan los bolcheviques.
A veces los políticos se desorientan, como esas ballenas que pierden el sentido de las coordenadas y nadan a las playas para suicidarse. Por favor, presidente Sagasti, reaccione ya. Una hora después puede ser muy tarde.
