Los secuaces de Pedro Castillo están justificadamente indignados, han perdido gran parte de su poder y no pueden seguir saqueando las arcas del Estado como lo venían haciendo desde julio del año pasado.
Esa es, en realidad, una de las principales motivaciones de la gavilla de delincuentes que se hizo del gobierno y que ahora está siendo expectorada, para desatar la ola de violencia que ha azotado parte del país en las últimas dos semanas.
Naturalmente, esa causa que los impulsa se mezcla con las consignas políticas que los grupos comunistas proponen para instaurar una dictadura chavista, como la asamblea constituyente. Si lo consiguieran, podrían depredar los recursos públicos sin freno ni control, e indefinidamente, como en Venezuela o Nicaragua.
Como es obvio, tienen que disfrazar sus propósitos con indignadas arengas sobre la constituyente y denuncias falsas sobre supuestas ilegalidades en el proceso de destitución y prisión del delincuente alojado ahora en el fundo Barbadillo.
Para lograr sus propósitos, no vacilan en incitar y provocar algaradas violentas, para lo que tienen larga experiencia. Varios grupos sociales, que son parte de la coalición que llevó a Castillo al gobierno, han participado activamente en los desórdenes que paralizaron algunas regiones.
Los mineros ilegales y el narcotráfico han ocupado un lugar destacado, financiando las revueltas y movilizando a sus peones, que tienen experiencia en participar en hechos de violencia, ya sea enfrentando a las fuerzas del orden o combatiendo entre ellos.
Por ejemplo, como ha precisado el general EP Fernando Rodríguez, los efectivos militares que participaron el desbloqueo de la carretera Panamericana en Chala, no dispararon y no son responsables de la muerte de uno de los participantes de la turba que agredía a las fuerzas del orden. Y recordó como en esa zona, emporio de la minería ilegal, hace unos meses hubo 14 muertos, producto de un enfrentamiento entre mineros ilegales que tenían fusiles y pistolas. (“Correo”, 23/12/22).
En Ayacucho, han sido los cabecillas de Sendero Luminoso (SL) los principales organizadores de la violencia, según los reportes de inteligencia. La terrorista sentenciada, Rocío Leandro, que según atestados policiales disparaba un tiro en la nuca a sus víctimas para asegurarse de su muerte, es ahora presidente del llamado Frente de Defensa.
Esta senderista, que usaba el seudónimo de Kusi, salió de prisión y regresó a Ayacucho a seguir haciendo lo mismo que antes, solo que con otros métodos. Ella, según Dircote, fue una de las que participó en el asesinato del dirigente de la CGTP Pedro Huilca, cuya hija, Indira Huilca y el resto de su familia, atribuyó después su muerte a las FFAA para cobrar una jugosa indemnización del Estado.
Iber Maraví, otro senderista que se escabulló en la década de 1980 y no pudo ser capturado y procesado, ha sido uno los instigadores de la violencia en Huamanga. Al igual que Leandro, sigue en lo mismo. Con la defenestración de Castillo ha perdido la oportunidad de seguir medrando. Su último trabajo fue de “asesor legal” de Castillo, en noviembre. Y antes había sido ministro de Trabajo, que en el primer día útil de ese nefasto gobierno reconoció al Fenate, el sindicato magisterial que es un organismo generado de SL.
Como es obvio, los esbirros de Castillo tienen muchas razones para seguir provocando asonadas violentas. Habrá que ver si el actual gobierno tiene la entereza de impedirlas.
