El control de las tasas de interés bancario
El gobierno de Sagasti tiene un enemigo y un aliado. El enemigo es la inercia de fracaso de los que lo antecedieron. Esto no solo implica la enorme recesión en desarrollo o la necesidad de revertir una funesta gestión de la salud pública en plena segunda ola. De hecho, y dados los cuadros profesionales heredados, no sorprende a nadie que el aludido y sus ministros luzcan agobiados, desconcertados y aletargados. Hoy, por ejemplo, la posibilidad de que los peruanos accedamos a alguna vacuna, estaría atada a la eventualidad de que otra plaza tenga sobrantes y nos los reasigne o revenda.
Pero Sagasti tiene un aliado: el Legislativo, cuya incapacidad técnica se asocia a sus continuas propuestas. No parece importarles un ápice que sus iniciativas de gasto (ONP, CAS, etc.) resulten inconstitucionales; o que dañen a los trabajadores, derogando la Ley de Promoción Agraria o descalzando el sistema previsional privado (al permitir que una minoría de los aportantes retire sus fondos y el grueso de los restantes veamos mermar nuestras jubilaciones). Así, en medio de los afanes congresales por ayudar a sus candidatos en la actual campaña electoral; los congresistas no parecen darse cuenta que el fisco ya no dispone de recursos.
Frente a ellos, el régimen de Sagasti y la media docena de candidatos presidenciales del vizcarrato, usan al legislativo como una suerte de fuerza aliada. Con la hiperactividad nefasta de los congresistas, la inoperancia del Ejecutivo pasa a segundo plano. En medio de esta lluvia demagógica destacan el intento de regresar hacia uno de los peores errores de política económica de nuestra historia: el control de las tasas de interés bancarias.
No lo podemos negar, pocos deslices resultan tan populares como éste. Y es que la idea –ilusa– de que los bancos pueden elevar sus utilidades, simple y abusivamente cobrando mayores tasas, resulta tan arraigada como emocional y torpe. Cuando se introducen topes máximos a los intereses, contrariamente a lo que se cree, se encarece el costo del crédito (al elevarse el componente informal) y se reduce la escala real de crédito. Nuestra propia historia lo muestra con nitidez. Ver, por ejemplo, el lado izquierdo del gráfico adjunto (periodo 1984-1990), cuando se aplicaron controles a las tasas de interés, versus el lado derecho, cuando se liberalizó el mercado. En este periodo, se cambió la vida de millones de peruanos. Se elevó 32 veces la escala de crédito en dólares y la tasa de interés promedio implícita se redujo casi diez veces.
Económicamente hablando la propuesta de marras tiene cuatro efectos previsibles. [1] raciona el crédito (genera escasez de un insumo limitante y recesa la economía); [2] Incentiva la informalidad de la oferta (al reducir la oferta bancaria formal); [3] Estimula la corrupción burocrática (el crédito subsidiado beneficia a alguien es asignado por un iluminado): y [4] encarece el costo del crédito, al enviar a millones de peruanos al explotador segmento informal.
Y dos corolarios nada accesorios. Si comparamos los años ochenta (con sus topes las tasas de interés) con la actualidad, encontramos en nuestra propia histori, que –ceteris paribus– los controles elevan la ineficiencia de la intermediación (los spreads bancarios resultaban seis veces mayores) mientras deteriora la calidad de la cartera (el ratio de cartera pesada sobre el patrimonio se incrementaba cinco veces)
Pero existe también el plano demagógico. En las formas de esta iniciativa congresal se descubren detalles que no debemos dejar de enfocar. La propuesta –proveniente de uno de los congresistas más impopulares del país– dispone, vía una modificación al artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central, que este fije semestralmente topes. Potestad que –como en los aciagos días de la dictadura velasquista o de la alianza de la Izquierda Unida– no podrá ser delegada a otra entidad. La iniciativa deja fuera a la Superintendencia de Banca, la relega al penoso rol de supervisar ex post el cumplimiento y monitorear los contratos, hojas resumen, comisiones, tarifas, cargos y gastos que cobren, así como establecer las condiciones las pólizas a ser aprobadas por la SBS mediante resolución. Y notémoslo: esta iniciativa, se introduce en forma apresurada. Es presentada al caballazo, sin dictamen de la Comisión de Economía, sin la opinión favorable de la SBS, del BCR o el MEF.
A todas luces, no es una medida inteligente. Deja en el segmento de explotación informal a millones de peruanos. Su regreso es dañino y su promulgación, oscura; pero es popular. Parece que eso basta en estos tiempos de retrocesos.
