En torno a las reformas constitucionales
El Congreso aprobó, el 16 de diciembre pasado, que todas las reformas constitucionales deberán ser aprobadas por el Legislativo antes de ser sometidas a referéndum. Eso reitera y precisa lo que la Constitución dice. Con ello, el Congreso cancela la fantasía oficialista de convocar a una asamblea constituyente recogiendo firmas para imponer su voluntad inconstitucionalmente.
El Gobierno ya ha sido advertido de que la convocatoria es inconstitucional nada menos que por el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, según la Constitución, es la última instancia en materia electoral. Todos están oficialmente notificados, en suma, incluso la comunidad internacional, de que el Jurado no convalidará las firmas que el Gobierno recoge en las calles.
No obstante, el pasado 13 de enero el Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso. Argumenta que la ley establece un “tránsito obligatorio” para un procedimiento de reforma constitucional. Ese “tránsito obligatorio”, sin embargo, lo establece la Constitución, no la ley.
Como si no enfrentara ya dificultades descomunales, el Gobierno se echa encima la mayor de todas: ante los peruanos y la comunidad internacional revela que persiste en el afán de ponerse al margen del Estado de derecho y la democracia para convocar inconstitucionalmente a un referéndum. Es difícil entender su empecinamiento en este propósito, como no sea el manotazo desesperado de quien ve llegar la hora en que deba renunciar a su sueño afiebrado de una dictadura de partido único.
Esta es la batalla final, fue la primera y será la última de este Gobierno. El Perú decidirá su historia en ella.Este es el parte de batalla a la fecha.
La Comisión de Constitución del Congreso votó ayer sobre la insistencia en la ley. Por amplia mayoría decidió insistir en el proyecto de ley originalmente aprobado por el Congreso. Es decir, la Comisión recomienda al Pleno perseverar en la ley tal como fue aprobada en diciembre. Al Pleno le bastará la mitad de los votos para hacerlo. Si el Ejecutivo no la promulga luego, el Congreso lo hará. Esas son las reglas constitucionales.
No hay que ser adivino para suponer que el Ejecutivo presentará contra la ley una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). ¿Cometerá el TC el despropósito de politizar su decisión para darle la razón al Gobierno? En todo caso, nuevamente, el Jurado Nacional de Elecciones es la última autoridad jurisdiccional en materia electoral, y esta es materia electoral por excelencia. Estas también son las reglas constitucionales.
Si el TC le diera la razón al oficialismo, una vez más habrá una lucha feroz de dinosaurios entre organismos constitucionales y continuará el conflicto de poderes que está desgarrando al Perú. Si hace lo contrario, el TC con buen sentido le ahorrará al Perú el drama de una dictadura de partido único.
Manuel Prado decía que hay dos clases de problemas: los que no tienen solución y los que se resuelven solos. Si el Perú eludiera esa mala trampa, acaso el primer agradecido sea el presidente Pedro Castillo quien, en su debilidad incurable ante el partido que lo llevó al Gobierno, optó desde un principio por dejar que el problema se resolviera solo.
