No se conoce de operativos exitosos en contra del narcotráfico en esta administración
Para cualquier gobierno, una exitosa operación militar que busca erradicar a los remanentes terroristas que abatieron a casi 70,000 compatriotas en los años ochenta y principios de los noventa del siglo XX hubiese significado un acto digno de resaltar, y un motivo para distinguir a quienes lo condujeron. Sin embargo, la administración de Pedro Castillo ha hecho todo lo contrario, invitar a pasar a retiro a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
En consecuencia, ¿cuál es el mensaje presidencial? ¿Está en desacuerdo con la Operación Patriota? Porque argumentar que no fue informado con anterioridad no le resta méritos a la operación, a menos que el profesor Castillo hubiese estado en contra de la acción combinada de las instituciones tutelares de la república. En este último supuesto, cabe preguntarse por qué. El hecho de que Pedro Castillo y el Poder Ejecutivo que preside no haya dado difusión a la operación una vez ejecutada da lugar a más especulación; sobre todo porque implica colocar un manto de silencio sobre un acontecimiento que limitó el accionar de las huestes subversivas.
Que Guillermo Bermejo, ex congresista de Perú Libre, haya sido detenido en el pasado y acusado de estar vinculado a grupos subversivos y de haber mantenido relación con remanentes terroristas –para lograr financiamiento para la campaña electoral que ungió como ganador al profesor Castillo-, alimentan la desconfianza. Otro hecho que llama la atención es que durante la actual administración no se conoce de operativos exitosos en contra del narcotráfico. ¿Cuántas toneladas de drogas han sido incautadas e incineradas? ¿Cuántos narcotraficantes ‘peces gordos’ han sido detenidos? ¿Alguna novedad sobre el particular señor presidente?
Durante la época del terror múltiples informes periodísticos y hasta reportajes convertidos en libros dieron cuenta de la alianza del narcotráfico con la subversión. Precisamente, cuando dicha coalición criminal se fractura por la acción del Estado, a través del fortalecimiento de la relación entre los grupos de autodefensa y las fuerzas combinadas de las FF.AA. y la PNP, además de la labor de inteligencia, es que el cerco institucional del Estado contra los terroristas se hace más firme.
Por su parte, los terroristas en respuesta llevaron a cabo acciones cada vez más cruentas y desesperadas en contra de ciudadanos pacíficos. Cabe recordar los atentados en contra de la banda de músicos de los Húsares de Junín, las explosiones del Canal 2 –que ocasionó el fallecimiento del camarógrafo Pedro Vargas– y el coche-bomba en la calle Tarata ,en Miraflores, lo que demuestra que la subversión se trasladó a Lima y abandonó el campo empobrecido del cual fue expulsado.
Por lo señalado, el accionar del gobierno de las izquierdas, presidido por el profesor Castillo, genera demasiadas dudas. Así lo expresan las investigaciones realizadas por la Fiscal de la Nación, cuya titular es Patricia Benavides, que informó a la opinión pública que cuenta con elementos de convicción suficientes para que el Congreso de la República decida si inicia o no el proceso de vacancia para que el actual presidente sea sometido a una sanción política y pase a ser juzgado por el Poder Judicial que –como bien lo ha señalado su presidente, Elvia Barrios– es un poder autónomo y no político y que juzga en función a la aplicación de las leyes.
Preocupa que en este enrarecido escenario político el Ejecutivo decida transformar el rechazo de plano de la cuestión de confianza por la Mesa Directiva del Congreso, debido a su improcedencia. Y que la nueva titular del Consejo de Ministros manifieste que el Ejecutivo considera que se le ha negado la confianza y que sólo le queda una “bala de plata” al Congreso.
¿El Ejecutivo espera que el Congreso sea un poder sumiso que renuncie a sus fueros constitucionales? Desea convertirse en un gobierno dictatorial para impulsar su propuesta de nueva constitución corporativa, en la que “la sociedad organizada” –ergo, sus grupos políticos aliados–, tengan una mayor representatividad que los ciudadanos de todo el país, lo que les garantizaría su perpetuidad en la administración del Estado. Y, de paso, ¿la impunidad de sus actuales actores políticos o cómplices?, que es precisamente lo que debería dilucidarse.
