Según el índice elaborado por Transparency International
Actualmente los inversionistas, tanto locales como extranjeros, no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables. Para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley. Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, tanto en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre las empresas privadas e instituciones públicas en las que se han detectado casos de corrupción, generando un impacto negativo en la economía de un país.
Tomemos como referencia Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), el cual es reconocido como el principal indicador de corrupción en el sector público a nivel mundial, y que es elaborado por la organización Transparency International. En el CPI 2020, publicado en enero último, se presenta un panorama sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo, pues esta no solo mermó la capacidad de respuesta de los Gobiernos frente a la crisis de salud generada por la COVID-19, sino que también contribuyó a una crisis continua de la democracia. Cabe mencionar que se clasificó a 180 países y territorios, con una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (libre de corrupción). Este Informe fue publicado recientemente, el 18 de febrero del año en curso.
El CPI 2020 resalta que la corrupción adopta muchas formas en la atención de la salud: el soborno, la malversación de fondos, el sobreprecio y el favoritismo. Además, demuestra que aquellos en el poder, a menudo sirven a sus propios intereses en lugar de satisfacer las necesidades de los más vulnerables.
El informe le otorga un análisis propio a la situación del Perú, que con un puntaje de 38 se mantiene relativamente estancado desde 2012. Sin embargo, según el CPI 2020, nuevos esfuerzos brindarían esperanza de disminuir los niveles de corrupción en el país, al evitar que las personas declaradas culpables de corrupción se postulen a cargos públicos o sean designadas en puestos de confianza. En este sentido, es importante reconocer a dos líderes de la región de Latinoamérica –Uruguay y Chile, que ocuparon los puestos 21 y 25 en el ranking, respectivamente–, mientras que Perú se ubicó en el puesto 94. La gran brecha es resultado de que en nuestro país se padece de impunidad e inestabilidad política por corrupción estructural, según el informe.
El CPI 2020 señala que la corrupción desvía los fondos de inversiones destinados al sector salud y deja a comunidades enteras sin mejoras en atención médica, equipos, medicinas y, en algunos casos, sin clínicas ni hospitales de calidad. En este sentido, resulta importante evaluar la situación del Perú.
Según la última actualización de los Indicadores de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud, elaborados por el Ministerio de Salud (Minsa), a enero de 2021, el 96% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención cuentan con una capacidad instalada inadecuada. Y esta situación se repite en el 95% de hospitales; el 77% de institutos especializados bajo responsabilidad del Minsa, Essalud y los Gobiernos regionales; el 95.1% de laboratorios del Instituto Nacional de Salud y el 96% de los laboratorios regionales de salud pública.
De acuerdo a los resultados de este Informe, como era de esperarse, el Covid-19 nos ha despedazado; tanto en pérdidas de vidas como económicamente. Por ello es necesario, por el bien de nuestro país, que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados severamente, conforme al marco legal vigente. Solo así la ciudadanía y los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones.
