El último disparate del Ministerio Público (MP) ha sido dar trámite a la denuncia de una organización fantasma -en realidad, una fachada de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo-, contra 26 ciudadanos que en su momento denunciaron el fraude electoral que permitió que una gavilla de comunistas y delincuentes se apoderen del gobierno.
La lista está encabezada por Mario y Álvaro Vargas Llosa e integrada por Keiko Fujimori, Lourdes Flores, Rafael López Aliaga, Javier Villa Stein, Daniel Córdova, y el estudio de abogados Muñiz. También por César Acuña, Vladimiro Montesinos, Dionisio Romero, varios congresistas de oposición y “los que resulten responsables”.
Los supuestos delitos: sedición, conspiración para una rebelión y motín, prevaricato, y atentado contra la integridad nacional. Es decir, un sancochado absurdo.
Los presuntos delincuentes, autores de tan graves crímenes, han sido notificados.
El punto no es, por supuesto, que los comunistas encaramados en el gobierno perpetren tamaño despropósito, sino que la Fiscalía le dé trámite. Naturalmente, hoy día, una denuncia de esa naturaleza es asumida como lo que es, un disparate. Pero si se observa lo que ocurre en otros países que ya completaron su ingreso al socialismo del siglo XXI –hacia donde está avanzado el Perú-, como Venezuela y Nicaragua (Cuba está ahí hace más de seis décadas), ese absurdo se convierte en una realidad siniestra.
En efecto, en esos países, miles de opositores y críticos a los gobiernos comunistas son arrestados todos los días y encarcelados por acusaciones tan o más disparatadas que la que ha formulado la “Comisión de Educación de la Asociación Civil de Defensa de los Intereses de la región La Libertad y el Estado” y que alegremente ha admitido el MP.
La semana pasada relaté en esta página como la Fiscalía desperdicia su tiempo y el dinero de los contribuyentes en procesos absurdos. (“¿La fiscalía es una farsa?”).
Uno de esos casos tiene, además, un claro propósito de persecución política. Es el que ha promovido un fiscal, José Pérez, por supuesto acoso y amenazas a su libertad contra varios ciudadanos, entre los que me encuentro.
Cuando acudí a la citación policial, me enteré que el motivo por el cual se me denuncia a mí: es un artículo publicado en diciembre de 2020 titulado “El Alan García que conocí” donde ni siquiera se menciona a ese individuo.
Ahora resulta que ese incompetente fiscal, no contento con denunciarnos (a Rafael López Aliaga, Luis Gonzales Posada, Javier Villa Stein, José Barba Caballero y otros) se negó a declarar ante la policía cuando le tocó rendir su manifestación, es decir, cuando debería sustentar sus absurdas imputaciones. El motivo que esgrimió es que ha pedido que la carpeta fiscal pase a una fiscalía de crimen organizado.
Así, resulta ahora que los denunciados somos responsables de un delito mayor, por haber cometido el terrible crimen de opinar, que nos llevaría a la cárcel por el resto de nuestras vidas. O, por lo menos, nos mantendrá empapelados y sujetos a los engorrosos e inacabables procesos judiciales por años o décadas.
Además de tratarse de evidentes casos de persecución política, lo que revela esta situación es otra de las razones por las que el MP está fracasando completamente en su labor de perseguir el delito. Se dedican a este tipo de sandeces y se sobrecargan y saturan. Después se quejan, lloriquean y piden más presupuesto para atender todos los casos que tienen.
En suma, la labor de destrucción institucional que iniciaron el Lagarto, en sociedad con la mafia caviar y los más importantes medios de comunicación el 2018, va mostrando sus desastrosos resultados. Y pavimentando el camino para incorporar al Perú a la órbita del socialismo del siglo XXI.
