Pro reducción de la pobreza, la informalidad y la inequidad
Por la paralización, quiebra y reducción operativa de muchas empresas –a consecuencia de la desproporcionada, rígida y extensa cuarentena aplicada y el disfuncional, lento y engorroso esquema de cuatro fases para el retorno al mercado–, se estima que el Producto Bruto Interno (PIB) tendrá una caída en el entorno del 15%. Esto conlleva, entre otros indicadores macroeconómicos, un desplome de la demanda interna de -13%, por las altísimas tasas negativas del consumo e inversión privada (11% y 30%, respectivamente), que en conjunto explican más del 80% del PIB, a lo que se suma una caída de la inversión pública de alrededor del 25%.
Esta profunda recesión ha generado un elevado desempleo –que en su pico alcanzó a poco más de siete millones de trabajadores–, y también ha determinado un incremento de la informalidad, tanto laboral como empresarial. Se estima que la informalidad laboral pasaría de 72% a 80% de la PEA, y la empresarial –referida a la micro y pequeña empresa (mypes)– de 84% a 90%. Es decir, de estas últimas empresas, que representan al 99% del universo empresarial peruano, tan solo 10% son formales. Lo lamentable en términos de indicador social es que se producirá un aumento de 8 puntos porcentuales de la pobreza, retrocediéndose una década con ello, pues se pasaría de 20.5% a 28.5% de la población, con lo que alrededor de nueve millones de peruanos estarán en esa terrible condición.
Ante esta dramática situación es fundamental tener muy claro qué hacer para retomar un crecimiento alto de manera sostenida, pues está demostrado que es el aspecto central para generar empleo adecuado y reducir la pobreza, la informalidad y la inequidad. En este contexto se torna indispensable disponer de un programa económico que logre lo señalado. El propósito de este artículo es presentar un breve resumen de lo que consideramos que este programa económico debe contener.
Dos aspectos centrales hay que tener en cuenta cuando se trata del crecimiento económico: los cimientos en que se apoya y los motores que lo impulsarán. No es posible garantizar la estabilidad y fortaleza de un inmueble si los cimientos son débiles e inadecuados, igual sucede con toda economía que quiera asegurar la sostenibilidad de su crecimiento. Pero además, así como un vehículo necesita un motor apropiado para moverse adecuadamente, también la economía lo requiere. Ambos, los cimientos y los motores, deben estar presentes para alcanzar el objetivo.
Dos elementos son necesarios para dar estabilidad y fortalecer los cimientos de la economía peruana: respetar tanto los fundamentos macroeconómicos como las instituciones. En cuanto a los motores del crecimiento, son también dos los elementos requeridos: incrementar la inversión y la productividad. Cada uno de estos elementos es condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar el propósito de crecer a una tasa alta y sostenida. Y deben darse simultáneamente los cuatro para lograrlo, con lo que además se consolida la economía social de mercado que establece la Constitución.
Queda claro por qué, entonces, es erróneo afirmar que el sistema económico que contiene la Carta Magna ha fracasado, pues es incompleto lo realizado; incluso en algunos aspectos se ha ido en sentido contrario, o retrocedido en lo avanzado. Empero, a pesar de ello es impresionante lo que adelantó el país en las últimas tres décadas. En particular en las dos primeras, pues en la última empezó el declive; y en la que comienza, al margen de la pandemia, el manejo económico ha tenido serias deficiencias y errores que nos han conducido a resultados calificados como de los peores a nivel mundial.
Respetar los fundamentos macroeconómicos significa aplicar oportuna y adecuadamente la política económica; en particular la política monetaria, cambiaria, fiscal y tributaria. Las dos primeras están bajo la responsabilidad del Banco Central de Reserva (BCR), y las restantes a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Respecto de las pertinentes al BCR no hacemos mayor comentario, dado que en nuestra opinión se han manejado bien en los últimos 30 años. Incluso durante la pandemia se utilizaron bien los diversos instrumentos que tienen, como la tasa de referencia y los encajes, a más de inyectar liquidez (aproximadamente 8% del PIB) al mercado, vía el sistema financiero, para otorgar crédito a las empresas, con el aval del Ejecutivo. Lo que se llamó Reactiva Perú.
El serio problema está en el MEF (además del populismo del Congreso), pues progresivamente se ha ido deteriorando el manejo fiscal durante la última década, y peor aún en el último quinquenio, con indicadores de déficit y deuda en crecimiento aunque lento y aún nada preocupante en su nivel, pero sí en la tendencia. Estos indicadores han subido durante la pandemia a porcentajes muy altos respecto del PIB, pues llegarían a 10% y 35% el déficit fiscal y la deuda pública, respectivamente, sin mayor efecto positivo en la economía. Y sin ninguna confianza de recuperación, pues no hay una ruta seria y creíble para retornar a cifras manejables; menos aún desconociendo qué enfoque tendrán los nuevo Gobierno y Congreso que se instalen el próximo 28 de julio. Es un tema de por sí complejo y difícil el de allegar ingresos fiscales, que han caído, y para lo cual se requiere que la economía crezca y hacer una reforma tributaria integral. A ello se suma el serio problema del descontrol en el gasto corriente, con partidas presupuestales inútiles e innecesarias, además de una creciente burocracia, con nuevos organismos públicos. Este fenómeno se da conjuntamente con una pésima gestión del gasto de capital (inversión), tanto en cuanto a su calidad como a la capacidad de gasto, pues en los últimos años no se ejecuta, en promedio, más del 65% de lo asignado.
Es decir, se extraen recursos del sector privado para gastarlos de manera ineficiente e ineficaz. Ello sin contar lo que se pierde en actos ilegales y corrupción. Toca entonces hacer una cirugía mayor al presupuesto público, que es el instrumento más potente del Ejecutivo para mejorar la equidad en la distribución de oportunidades. Y también, en particular, efectuar una reforma profunda del Poder Ejecutivo en sus tres niveles –nacional, regional y municipal–, que incorpore además al proceso de descentralización.
En cuanto a las instituciones el problema es integral, pues se han ido deteriorando aquellas fundamentales para consolidar la economía social de mercado y, más relevante aún, fortalecer nuestra aún incipiente y débil democracia. Nos referimos a la libertad individual, la propiedad privada, el imperio de la ley, la seguridad y la universalidad y transparencia de la información, por mencionar las más trascendentes. Propender a su urgente tratamiento conlleva efectuar significativas reformas en los tres poderes del Estado; el Ejecutivo, Legislativo (reforma política) y Judicial. No podemos avanzar y alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas –a la par con estándares sociales mínimos, similares a los de los países del primer mundo– si, como dijo el politólogo norteamericano Francis Fukuyama, mantenemos un Estado del tercer mundo. La reforma correspondiente al Ejecutivo no puede dilatarse por lo señalado anteriormente, a lo que se suman las trabas burocráticas, exceso de regulaciones y procesos engorrosos, que son además caldo de cultivo para la corrupción. No hay ninguna predictibilidad y confianza en las acciones del sistema judicial. Y por cierto, hay muchos aspectos fundamentales pendientes de la reforma política.
Como se indicó, la inversión es uno de los motores claves para crecer a ritmo acelerado y sostenido, pues ayuda a incrementar la productividad –vía maquinaria y equipos así como más y mejor infraestructura– con base en las asociaciones público privadas y concesiones. La inversión es la que genera puestos de trabajo que, en la coyuntura actual, son determinantes para resolver progresivamente el tremendo impacto antes señalado sobre el empleo, la informalidad y la pobreza, pues esta última –al final– es un problema de ingresos. En este contexto se torna impostergable la reforma laboral, pues el Perú tiene una de las políticas de empleo más rígidas y desfasadas de la realidad nacional e internacional.
No obstante que es un lugar común que lo relevante es la inversión privada, que explica más del 80% de la inversión total, son innumerables las dificultades que tiene para concretarse. Esto se confirma cuando se examina el estudio del Banco Mundial respecto del ambiente de negocios, en el que retrocedemos, además de estar rezagados comparativamente con otros países. Bastaría con abocarse a mejorar los diez indicadores que contempla este estudio, que calza con la reforma del Ejecutivo antes mencionada, para dinamizar la inversión privada. Pero además, darle atención especial a los conflictos sociales que afectan a actividades claves, como la minera y energética, a través de inversión público privada en servicios e infraestructura básica, tan reclamada por las zonas correspondientes, utilizando el fondo de adelanto social y el mecanismo de obras por impuestos. Un esquema como el descrito asegura mover la inversión de inmediato, en el corto plazo, y garantiza su continuación y estabilidad.
Finalmente, pero no menos importante, está la búsqueda permanente del incremento de la productividad, que es en el mediano-largo plazo la que define el ritmo del crecimiento. Son varias las reformas prioritarias y urgentes que corresponde realizar para asegurarlo, pero pongo el énfasis en tres. La pertinente al capital humano, que comprende las tan necesarias reformas de la salud y la educación, pues la pandemia desnudó las enormes falencias y el atraso que tenemos. Peor aún en un mundo que ya está metido en la cuarta revolución industrial y que demanda mano de obra altamente calificada y acorde con las nuevas actividades productivas que surgirán. Vinculada a estas dos está la reforma en pro de la innovación, la ciencia y la tecnología, temas en los que también estamos muy rezagados como lo muestra la bajísima inversión en términos del PIB (menor a 0.2%), inferior al promedio de la región (alrededor de 0.6%); y por cierto, lejos de los niveles de países del primer mundo (por encima de 2%).
Un resumen apretado del programa económico que postulamos para el periodo 2021-2026 deja sin duda varios temas sin mencionar y otros por profundizar. Pero nuestro propósito en la coyuntura actual de crítica recesión económica e inicio de la campaña política, de cara a las elecciones de abril próximo, es llamar la atención sobre lo que corresponde hacer. Y estar atentos a lo que propondrán aquellos que aspiran a acceder al poder.