La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), entidad adscrita al Ministerio de Economía, dispuso dar por concluída la designación de Carlos Revilla Loayza como asesor de confianza de su dirección ejecutiva.
A través de sus redes sociales, Proinversión sostuvo que «al momento de la contratación (de) quien se venía desempeñando como asesor desde el 24 de noviembre de 2023, no existía impedimento para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en aras de mantener la transparencia y el trabajo técnico que caracteriza a Proinversión se ha tomado la decisión de dar por concluida sus funciones».
Vale resaltar que las investigaciones fiscales apuntan a presuntos hechos de corrupción que habrían tenido lugar en la gestión de Revilla Loayza como director de Provías Descentralizado durante el gobierno de Vizcarra Cornejo. Además, esta madrugada se detuvo a otros dos exfuncionarios de la referida entidad: Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de obras; y Juan Enciso Torres, exjefe de mantenimiento y miembro del comité de selección.
También fue detenido el empresario Hugo Meneses Cornejo; y se dispuso la detención de Elizabeth Ugarte Manrique, excoordinadora de la dirección ejecutiva de Provías Descentralizado.
Los investigados, según la Fiscalía, «habrían concertado con sujetos particulares, como serían Luis Pasapera Adrianzén, Marco Pasapera Adrianzén, Zhang Xia (Adela), Hugo Meneses y otros sujetos particulares en proceso de identificación, para hacerse del otorgamiento y de la firma del contrato de contrataciones públicas».
En el caso de Carlos Revilla Loayza, este se desempeñó como subgerente de obras de Martín Vizcarra, cuando era presidente regional de Moquegua. Según la investigación, cuando Vizcarra fue vicepresidente de la república, solicitó que Revilla fuera nombrado asesor del gabinete de asesores del MTC. Luego, al asumir la presidencia de la república, habría intercedido para que el investigado asuma como director ejecutivo de Provías Descentralizado.
Desde ese cargo, Revilla habría recibido directivas para «promover lobbies ilícitos» en favor de los intereses de la presunta organización criminal. Para ello, habría «formulado vinculaciones» con otros funcionarios como Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte.
«Carlos Revilla habría desplegado acciones tendientes a direccionar las contrataciones públicas con el objetivo de lograr captar el 3.5% de los costos directos de cada convocatoria pública, para lo cual delegó las coordinaciones directas en Alcides Villafuerte, dado que este ya conocía a la mayoría de empresarios», indica la disposición judicial.
Asimismo, Revilla se habría «mantenido en contacto directo con Martín Vizcarra para los efectos de ponerle en conocimiento todas las actividades que venía realizando y todos los ingresos económicos ilegales que se habría encargado de recaudar Alcides Villafuerte, producto de las acciones colusorias promovidas en el marco del plan criminal».
