El país necesita estabilidad y eficiencia en su conducción
Son ya más de 100 días desde que se inició este gobierno y lo que seguimos teniendo es mucha incertidumbre, pasos en un sentido e inmediatas contramarchas, ya dos gabinetes y cambios al interior de ellos; ministros cuestionados y autoridades con poca o nula eficacia demostrada.
En gobiernos anteriores, los primeros 100 días, eran entendidos como una supuesta “luna de miel” y en ese lapso, el nuevo gobernante debía implementar aquellas acciones que podrían generar confianza, algo de admiración y, por supuesto, esperanza. Eso no ha sucedido en el caso actual.
Los anuncios que ha ido haciendo el presidente, lo hacen aparecer como si siguiera en campaña y no como un gobernante que lleva con firmeza y seguridad las riendas de conducción del país. A ello agregamos que se nos presenta como una persona que tiene una especie de aversión a ser comunicativo y solo hemos tenido un mini mensaje que dejó la sensación de poca seguridad ante la población y, sobre todo, muy poco dispuesto a entablar diálogo con los medios de comunicación que suelen ser inquisitivos.
Pareciera que estamos viviendo un gravísimo “síndrome de desgobierno” que nos enfrenta a la innegable y clara voluntad de que responsabilidades sustantivas y fundamentales para el país, sean puestas en manos de personas que o no han dado la talla o que carecen de las condiciones necesarias para asumirlas y que, por si fuera poco, presentan en sus hojas de vida un historial que no se condice con lo que se espera de una persona que va a ejercer un cargo de tan alta responsabilidad como es el ser cabeza de un ministerio. Ello, en estos 100 días se ha dado de manera evidente, ya en dos casos ministeriales y ello ha generado, innecesariamente, mayor inestabilidad, inquietud y, en el último caso, hasta la posibilidad de renuncia de la Premier ante la situación creada, agravada porque ella misma reconoció que el ministro recientemente renunciado, no había sido propuesto por ella, como señala la Constitución.
El último caso es especialmente grave por varias razones. No solo no se había elegido a la persona idónea, desde el punto de vista de la hoja de vida y experiencia, sino que la renuncia estuvo enmarcada en muchas irregularidades. El tema de la fiesta, que incumplía las normas que él mismo había dado, es casi lo anecdótico. Lo serio, a mi criterio, es la voluntad de la máxima autoridad de querer respaldar lo equivocado y de negar lo innegable. Como consecuencia, se mostró, de alguna manera, la incapacidad tanto del presidente como del “infractor” de esgrimir una conducta viril ante la ciudadanía, pero sí se encontró pretextos, sin razones, se abuso de los silencios y, se llegó hasta el extremo de utilizar a una persona para que, diciendo medias verdades, se asumiera como culpable.
El “síndrome de desgobierno” no debe convertirse en una constante ni en una forma de ser de esta etapa en la historia nacional. Es toda la ciudadanía la que sufre y paga las consecuencias. No es solo el descrédito de la autoridad; es también el quiebre de la imagen del país a nivel internacional.
Ya son dos casos muy severos en los primeros 100 días en los que tenemos dos gabinetes. Es evidente que los responsables de las Carteras ministeriales que se les confía deben y tienen que ser no solo técnicos y/o conocedores de la materia que van a conducir, sino ser personas cuya integridad, así como la honorabilidad marcada por una conducta histórica intachable, no presente dudas ni sombras. Son los requisitos mínimos que no se cumplen en todos los casos. No es posible que en tan poco tiempo, se haya tenido que vivir la renuncia de otros ministros, por casos no tan mediáticos pero, igualmente, por conductas incompatibles con su función. En ese sentido, cabe mencionar el esfuerzo que significa el Proyecto Vigilancia Activa que está dando cuenta de cómo se van asignando responsabilidades directivas, al interior de los diversos entes del Estado, a personas que tienen antecedentes que podrían cuestionarse o, carecen de la capacidad y experiencia que se requiere. Grave es este amiguismo que va incrementando la burocracia nacional haciendo más cercano el abismo funcional del país.
Los problemas que genera una crisis ministerial, que lamentablemente parece convertirse en un síndrome, motiva atraso y retraso, implica mayor desconfianza, inseguridad y, se convierte a veces en una cortina de humo para no permitir que se vean acciones que se van haciendo en las sombras. En el caso del ministerio del Interior, por ejemplo, toda esta crisis opacó acciones judiciales como la demora imperdonable en la puesta en acción de la requisitoria para evitar que fugaran del país aquellos que, comprometidos con el caso de los Dinámicos del Centro, habían estado, en algunos casos, de manera amical o laboral, en relación con la propia autoridad cuestionada. Mientras el escándalo crecía, la situación nacional escalaba hacia ser un polvorín y ello, se hizo evidente la pasividad, indolencia e inacción del sector responsable para actuar en defensa de los derechos y la ley.
Si bien hoy, es bueno saber que las aguas están, de alguna manera volviendo al cauce, es necesario señalar que el costo de la obligada paralización de algunos proyectos mineros, tiene un altísimo costo diario para el país y ese costo, no lo pagarán directamente ni los ministros ni los revoltosos, lo pagará como una pesada carga toda la ciudadanía. A esa situación, se añade el que las exigencias de los trabajadores mineros y sobre las que se ha establecido una “mesa de diálogo”, no son competencia de ninguna empresa minera pues se “exige”, por ejemplo, pavimentación, vías de acceso y otras obras, necesarias por cierto y retrasadas a nivel histórico, pero, hay que señalarlo, todas que esas labores, son de responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales y regionales y tal como lo ha señalado el propio ministro de economía, se ha asignado nada menos que S/ 4,000 millones para los gobiernos locales, municipales y regionales, que bien harían en demostrar eficiencia y sobre todo transparencia pues, adicionalmente a ese elevado monto, se ha informado que de un total de casi 700 millones asignados para el sector transporte, es decir para atender a esas solicitudes que se pretende trasladar a las empresas mineras, solo se ha ejecutado una cifra cercana al 25%.
El país necesita estabilidad, idoneidad, capacidad de acción y, por supuesto, eficiencia en su conducción. Los ministros están en la obligación de respaldar al presidente y no de poner en mayor evidencia que la elección hecha deja mucho que desear.
