Problemas políticos no deberían detener el desarrollo del país
La democracia implica el ejercicio del poder en función a los acuerdos fundamentales consignados en lo que denominamos la Carta Magna o la Constitución de la República. Representa también el consenso mínimo aceptado por las fuerzas políticas que participaron en su redacción.
Cuando se posterga la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por más de un año, lo que en la práctica se está haciendo es mantener en sus cargos a unos magistrados en función al interés político de quien resulte beneficiado con sus resoluciones. Como sucedió con el cierre del Congreso anterior, más allá de si era o no de nuestro agrado. No es posible que la parte favorecida argumente una denegación fáctica de su propuesta por parte de la oposición y, como consecuencia de ello, cierro un poder del estado.
Ahora nos encontramos ante otra circunstancia que pone en tela de juicio la idoneidad del titular del Poder Ejecutivo para continuar con las riendas del Estado. El nuevo Congreso –también elegido democráticamente–, en uso de sus facultades constitucionales ha admitido poner en agenda la vacancia del presidente por incapacidad moral, en función a las denuncias formuladas ante la Fiscalía por algunos integrantes del “Club de la construcción”. A ellos además se han sumado dos ministros del gabinete nombrados por el actual gobernante.
Más allá de si estamos o no de acuerdo con el segundo intento se vacancia, lo cierto es que superar la crisis política, económica y sanitaria demanda la presencia de un líder al cual la ciudadanía le otorgue su confianza. Y eso no está ocurriendo, por más “fotografías de momentos” que exhiban algunas encuestadoras. Haría bien el gobernante en nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros que convoque a personalidades cuya trayectoria personal y profesional sea incuestionable.
¿Qué medidas se requieren con urgencia? Estimular la actividad económica, promover el empleo productivo y dejar los subsidios indiscriminados que no resuelven los problemas, simplemente los “patean para más adelante”. A partir del 1 de enero del 2021 el Gobierno podría:
1) Exonerar de licencia de construcción a todas las edificaciones menores a 15 metros de altura ubicadas en calles y jirones, y en avenidas a las de menos de 35 metros.
2) Exonerar del Impuesto Predial por cinco años a la parte de la edificación correspondiente a los niveles de sótano.
3) Incrementar el fondo para el Programa Nacional de Telecomunicaciones, porque se requiere que el país cuente con internet de calidad en todo el territorio nacional, para incentivar el comercio electrónico y garantizar la enseñanza y capacitación de los niños, jóvenes y los trabajadores.
4) Libre importación de vehículos eléctricos de gran capacidad, destinados al transporte público.
5) Bancarizar el pago de alquileres, deudas y pensiones alimentarias para descongestionar el Poder Judicial; justicia que tarda no es justicia.
6) Acelerar la ejecución de obras de agua y saneamiento a nivel nacional para seguir combatiendo la presente y futuras pandemias.
7) Brindar respaldo efectivo a todos los proyectos públicos y privados para garantizar la generación de nuevos empleos e incrementar los recursos del Estado.
8) Aprovechar las bajas tasas de interés internacional para iniciar un vasto plan de inversiones en infraestructura.
9) Proinversión debe ser el repositorio de la documentación solicitada para participar en proyectos de OxI y evitar que se duplique para cada caso.
10) Suspender el transporte vehicular privado –de lunes a jueves– para facilitar la pronta concreción de obras de infraestructura que aceleren y faciliten el acceso a un sistema moderno e integrado de transporte.
Los problemas políticos no deberían ser óbice para sobreponernos a la crisis.
