Para defender la democracia y del Estado de derecho constitucional
Son cincuenta días lo que tiene el gobierno de Dina Boluarte. En ese lapso no ha habido ni un día en que las vanguardias comunistas le den una tregua. Impulsados por un frente internacional, que ve en la destitución constitucional de Pedro Castillo una derrota, han desatado una coordinada y violenta movilización que tiene como objetivo central cambiar las reglas de juego en el país; es decir, cambiar la Constitución. Para ello han creado una narrativa, la de las reivindicaciones sociales y la de disminución de las brechas, que ha calado en algunos sectores sociales, pero que no es otra cosa que un maquillaje que justifique lograr finalmente su objetivo: convocar a una asamblea constituyente que modifique la estructura política del Estado y lo ponga en el eje bolivariano.
Les está saliendo difícil el encargo. Hasta ahora el gobierno ha resistido, penosa pero cumplidoramente. La defensa de la democracia y del Estado de derecho constitucional se ha convertido en el núcleo del accionar gubernamental. Como es obvio, hay que apoyarlo en este propósito, fundamentalmente en evitar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Pero para que finalmente se imponga a las vanguardias comunistas, el propio Gobierno tiene que hacer su tarea: plantear una agenda que logre imponerse en los poderes del Estado y la sociedad.
En primer lugar, la presidenta Boluarte debe fijar la fecha de elecciones. Como lo he señalado desde mediados de diciembre, la mejor fecha es durante el 2023. Octubre podría ser un buen mes, permitiría que en enero del 2024 se instale el nuevo Gobierno y Congreso. Si algunos parlamentarios no quieren esto, el liderazgo de la presidenta debe desenmascararlos. El Perú no puede estar en agonía dieciocho meses más. Es irracional lo que plantea un sector del Congreso de permanecer en su curul hasta el otro año.
En segundo lugar, se debe entender que un momento de crisis es el peor momento para hacer cualquier tipo de reforma. Un Congreso invadido de niños y topos, o simplemente gente que no quiere ver la realidad no es una entidad legitimada para hacer reformas de ningún tipo. En todo caso si se necesita alguna reforma puntual, la iniciativa debe venir del Gobierno. Es Dina Boluarte quien debe señalar qué proyectos de ley deben ser discutidos, limitándolos a tres o cuatro, puntuales.
Asimismo la presidenta debe aprovechar la actitud de las bancadas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular para construir un bloque político que represente esta agenda en el Congreso. Este bloque se podría ampliar con otros partidos democráticos que no hayan caído en la ceguera que surge del interés personal. El apoyo parlamentario también se debe manifestar evitando que prosperen medidas de venganza e irracionales, como denuncias constitucionales contra ministros que, como el del interior, solo cumplen eficientemente su deber. Urge brindar apoyo al gobierno.
Estamos viviendo circunstancias excepcionales que han puesto en peligro a nuestra democracia. Se requiere de gestos y acciones también excepcionales