Autoridades regionales femeninas revelaron en el Congreso haber sido objeto de acoso y abuso durante el ejercicio de sus funciones, debido a su condición de mujeres.
Las vicegobernadoras del Callao, Edita Vargas, y de Ica, Rosario Gamonal, señalaron ante la Comisión de la Mujer del Parlamento, que fueron víctimas de estas prácticas, y que se buscó impedirles desarrollar sus atribuciones como autoridades.
Durante su intervención ante el grupo de trabajo que encabeza Lucinda Vásquez, la autoridad regional del Callao responsabilizó de ello al gobernador de esta jurisdicción, Ciro Castillo.
Vargas presentó grabaciones de audio para sustentar su versión. Indicó que desde el despacho del referido funcionario se le niegan facilidades para movilizarse y cumplir funciones, y se le ha sancionado por acciones relacionadas con el cumplimiento de su labor.
En ese sentido, la vicegobernadora del Callao pidió que desde el Congreso se emita una ley para garantizar el trabajo de las mujeres que ejercen cargos de elección popular, toda vez que –dijo– varias de las 22 que son vicegobernadoras en el país se ven afectadas por prácticas como las que ha denunciado.
En respuesta a las afirmaciones de Vargas, Ciro Castillo negó haber incurrido en acciones discriminatorias en su contra, y pidió disculpas si es que alguna de sus acciones o actitudes había sido tomada como tales.
Asimismo, la vicegobernadora de Ica, Rosario Gamonal, denunció haber sido suspendida “de manera arbitraria” por 120 días, e impedida de ingresar a la sede del gobierno regional.
“Me retiraron posteriormente la suspensión, pero nombraron una nueva comisión de investigación por usurpación de funciones”, manifestó, señalando que este perjuicio se lo ocasionan los miembros del Consejo Regional de Ica.
Canales coincidió con su homóloga del Callao en solicitar al Congreso leyes que protejan a las mujeres que desempeñen cargos de gestión pública.
