La auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General a la licitación pública convocada para la ejecución de la obra “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón”, en Puno, detectó irregularidades y la presunta responsabilidad civil y/o penal y/o administrativa de 40 funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex servidores del Gobierno Regional, por hechos que se han concretado entre los años 2013 y 2020.
El alcance de la auditoría comprendió el análisis de actos y documentación desde el año 2013 cuando el gobierno regional convocó la contratación del estudio de factibilidad y expediente técnico que fue declarado desierto, y luego contratado como adjudicación de menor cuantía. Dicho estudio fue declarado viable en el 2015, pero el gobierno regional decidió cambiar la ubicación de la nueva infraestructura del hospital y asumió la elaboración del nuevo expediente técnico por administración directa el año 2017. El año 2019 se convocó su ejecución mediante licitación pública y, como resultado, el 2020 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra por S/ 329 373 420,56.
La importancia de esta obra radica en que permitirá mejorar las condiciones y cobertura de atención para miles de pobladores de la región de Puno ya que siendo un hospital de categoría III-1 contará con 55 consultorios y 15 salas de procedimientos para consulta externa y emergencia, 7 salas de operaciones, 2 salas de parto, 213 camas de hospitalización, 64 camas de cuidados intensivos/neonatal, 8 camas para quimioterapia ambulatoria, 1 sala de resonancia magnética, banco de sangres, hemodiálisis, entre otros.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 19338-2021-CG/MPROY-AC (Periodo de evaluación del 4 de setiembre de 2013 al 2 de julio de 2020) emitido y notificado a los responsables, determinó una serie de irregularidades en la convocatoria de la licitación pública, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción de contrato con un postor que no acreditó la experiencia en la ejecución de obras similares y del plantel profesional clave. También en la eliminación de componentes del proyecto sin efectuarse la verificación de viabilidad incumpliendo la normatividad de inversión pública, contrataciones de servicios de manera previa al requerimiento o a la recepción de la orden de servicio, y el pago de remuneraciones con fines distintos a la ejecución de la obra, que afectaron la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que deben regir las contrataciones públicas y uso de recursos públicos.
Además de las irregularidades identificadas se ha determinado un perjuicio económico ascendente a S/ 164 369 por el pago de Compensación de Tiempo y Servicios (CTS) a personal contratado para la elaboración del expediente técnico de la obra, debido a que es un beneficio remunerativo que solo corresponde a personal nombrado. Adicionalmente dicha vinculación se efectuó sin contar con la normativa y perfiles profesionales exigidos para estos fines.
Se identificó que el comité de selección tuvo una actuación contraria a lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, ya que en el 2019 convocó a licitación pública para la ejecución de la obra con bases no adecuadas a lo establecido por el OSCE, lo que motivó que el Tribunal de Contrataciones del Estado declare la nulidad, retrotrayéndola a la etapa de consultas y observaciones. Ese mismo año el gobierno regional declaró la nulidad del Acta de Resultados de Evaluación y Calificación de Ofertas debido a que llevaba la firma de solo dos integrantes del comité de selección porque se había realizado la desvinculación laboral de los demás miembros, generando la postergación del otorgamiento de la buena pro.
