El pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluó el recurso de hábeas corpus presentado en favor de Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2023.
La medida busca anular las órdenes de captura nacional e internacional y la prisión preventiva dictada en su contra, con el objetivo de que se le otorgue nuevamente comparecencia con restricciones.
Durante la sesión, Humberto Abanto, abogado de Cerrón, expuso los alegatos de defensa para revocar la medida coercitiva tras más de 880 días de clandestinidad de su patrocinado.
El objetivo, según precisó la defensa, es que el líder de Perú Libre pueda competir en igualdad de condiciones en el actual proceso electoral presidencial.
En un momento de la audiencia, el magistrado Morales Saravia cuestionó la teoría del caso de la defensa, referida a la invocación del derecho a resistir frente a un poder considerado arbitrario, abusivo, irracional y desproporcionado.
Al ser consultado sobre su postura, Abanto dijo que su patrocinado tiene 108 carpetas.
“Ni siquiera Tito Uscuvilca, el jefe de ‘Los Destructores’, tuvo 108 investigaciones en su vida. Esto no parece una investigación, parece una cacería”, argumentó.
Ante esta comparación, el magistrado le preguntó si tampoco Abimael Guzmán superaba en cantidades de investigaciones a Cerrón, a lo que Abanto respondió tajantemente: “Tampoco”.
Posteriormente, el magistrado César Ochoa centró su intervención en definir la situación jurídica actual de Cerrón frente al desacato de las resoluciones judiciales.
Abanto argumentó que la clandestinidad de su cliente responde al “derecho de resistencia a la opresión” y a la “desobediencia civil” frente a mandatos que consideran arbitrarios.
Esta premisa generó que el magistrado Ochoa le cuestione si en un Estado de derecho se cumplen los mandatos judiciales o si ello depende del interesado.
Al respecto, el abogado replicó que el cumplimiento depende “de la racionalidad y la no arbitrariedad de la decisión”.
Inmediatamente después, Ochoa le preguntó de forma directa si, bajo su perspectiva, Vladimir Cerrón no era un prófugo de la justicia.
“No, es una víctima de un atropello judicial que ha generado, por redundancia, esta situación”, aseveró Abanto.
La defensa técnica argumentó que Cerrón venía cumpliendo estrictamente con la comparecencia restringida inicialmente dictada. Sin embargo, su situación varió a prisión preventiva tras recibir dos condenas adicionales en casos paralelos, las cuales posteriormente fueron anuladas (como ocurrió en el caso ‘Aeródromo Wanka’).
Bajo esa premisa, Abanto sostuvo ante el Pleno del TC que los fundamentos para mantener la prisión preventiva han desaparecido, por lo que corresponde restituir su libertad. La causa quedó al voto de los magistrados.
