- El Estado debe ejercer el principio de autoridad de manera firme e irrestricta ante los bloqueos de la vía férrea que dirige al santuario y que generan una terrible imagen de nuestro país hacia el mundo.
El conflicto social que afecta la operatividad de Machu Picchu es una muestra más de la falta de planificación y de la ausencia de una gestión integral sobre nuestro principal destino turístico. Las protestas y bloqueos que recientemente afectaron la ruta Hiram Bingham, actos injustificables que constituyen delitos, pusieron en grave riesgo la seguridad de turistas, trabajadores y pobladores, obligando a la suspensión de los servicios ferroviarios hacia la llaqta. Si bien dichas medidas de fuerza ya se levantaron, el problema de fondo persiste.
Esta situación pone en evidencia un problema estructural: la atomización de competencias y la superposición de funciones entre distintas entidades del Estado –Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Regional de Cusco, municipalidades provinciales y distritales, entre otras–, lo que deriva en ineficiencia, conflictos de interés y ausencia de una estrategia común para preservar y gestionar Machu Picchu.
Además de un claro intento de aprovechamiento político por parte de algunas autoridades que solo piensan en su beneficio y no en el del Cusco ni en el del país.
Desde las organizaciones del sector turismo y todos los trabajadores que lo integran, consideramos urgente que el Gobierno asuma un rol de liderazgo directo para garantizar la protección de Machu Picchu y la continuidad de la actividad turística, que representa hasta el 40% del turismo receptivo nacional y más del 20% del PBI regional de Cusco.
En ese sentido, planteamos las siguientes medidas indispensables:
1) Aplicar el principio de autoridad con acciones firmes frente a quienes promueven el desorden y la violencia, garantizando la seguridad y el libre tránsito de turistas y trabajadores. Bloquear vía e impedir el libre tránsito de la población es un delito y debe ser castigado. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deben actuar con firmeza.
2) Declarar a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional, para proteger su infraestructura estratégica y asegurar su operatividad ininterrumpida.
3) Asegurar un proceso de licitación transparente y predecible en la ruta Hiram Bingham, que garantice la formalidad, seguridad y sostenibilidad del servicio de transporte.
4) Crear una Autoridad Autónoma Nacional de carácter técnico, con capacidad de decisión y articulación entre los distintos niveles de gestión, encargada de planificar y ejecutar la gestión integral del Santuario Histórico de Machu Picchu. Mientras se implementa dicha entidad, instalar una mesa técnica interinstitucional que atienda de inmediato los problemas de seguridad, protección y control.
El turismo no puede seguir siendo rehén de conflictos locales, intereses particulares o políticos. Machu Picchu es la joya cultural del Perú, patrimonio de la humanidad y motor clave de la economía nacional. Su afectación no solo daña la imagen internacional del país, sino que compromete la confianza de miles de familias que dependen de esta actividad para subsistir. Es momento de actuar con responsabilidad y firmeza.
