La minería ilegal amenaza las finanzas públicas este 2025, con pérdidas fiscales proyectadas de S/ 7,800 millones. Esta actividad afecta la provisión de servicios, vulnera derechos laborales y golpea con fuerza a regiones vulnerables, exigiendo una urgente reforma legal.
La minería ilegal representa un perjuicio para las finanzas públicas del Perú en 2025, con proyecciones de aproximadamente S/ 7,800 millones de pérdidas en la recaudación fiscal que impactarán directamente la provisión de bienes y servicios a la población.
Según lo señalado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, la actividad ilícita generará pérdidas significativas:
- S/ 5,200 millones en la recaudación del Impuesto a la Renta.
- S/ 2,600 millones en el canon minero.
Estas cifras representan un golpe directo a la capacidad del Estado para atender las necesidades de sus ciudadanos, especialmente aquellos en las regiones más vulnerables.
Regiones severamente afectadas
El impacto de la minería ilegal no es uniforme y golpea con mayor fuerza a diversas regiones del país, que verán mermados sus ingresos tributarios y, por ende, su desarrollo. Las pérdidas proyectadas en impuestos para algunas de estas regiones son:
- Puno: S/ 460 millones.
- Arequipa: S/ 450 millones.
- Madre de Dios: S/ 240 millones.
- La Libertad: S/ 215 millones.
- Apurímac: S/ 213 millones.
- Ayacucho: S/ 160 millones.
El ministro Montero enfatizó que estas pérdidas afectan directamente la provisión de bienes y servicios esenciales para estas poblaciones, impidiendo el desarrollo, destruyendo el medio ambiente y generando inseguridad ciudadana.
Vulneración de derechos laborales y la necesidad de una nueva ley
Más allá de las pérdidas económicas, la minería ilegal también ha sido señalada por vulnerar sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal, quienes son explotados y expuestos a riesgos por titulares de registros que actualmente están excluidos o suspendidos.
Se ha anunciado la revisión de las normas sobre derechos laborales para estos trabajadores, buscando garantizar su salud y seguridad ocupacional.
Otro punto crucial es la discusión en el Congreso de la República sobre una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. El ministro Montero subrayó que esta ley debe legislar las actividades formales y no ser un instrumento para facilitar a las economías ilegales o para procesos de formalización de registros vigentes o suspendidos.
La futura ley debe responder a las necesidades de la minería formal, proteger los derechos laborales de los trabajadores y salvaguardar el medio ambiente y la economía nacional.
