- Sobre el tema, el fiscal del caso Lava Jato calificó como hostigamiento laboral los comentarios de Tomás Gálvez, quien propone desactivar los equipos especiales por supuesta “politización” y “contradicciones” en la Fiscalía.
El fiscal de la Nación interino consideró que los equipos especiales “generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”. Además, justificó el cambio de fiscales que firmaron pedido de suspensión temporal en su contra.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, reiteró su propuesta de desactivar a todos los equipos especiales que se dedican exclusivamente a investigar casos determinados, como el Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, coordinado por Rafael Vela.
En ese sentido, Gálvez Villegas señaló que dichos equipos “tienen que dejar de existir”, ya que habrían generado “politización”. Además, señaló que representan una contradicción “en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”.
“Todos los equipos especiales, según lo que yo creo, tienen que dejar de existir. Pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no”, indicó.
“La politización y a veces algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo -y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos- si continúan o no los equipos especiales, porque tenemos a los coordinadores de las especialidades y, paralelamente, tenemos equipos especiales que generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”, sostuvo.
Además, señaló que los casos ganados por dichos equipos “quedan ganados, pues” y que “los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”.
Vale decir que dicha propuesta ya la había planteado ayer en una entrevista para el diario El Comercio. En esa ocasión, Gálvez Villegas consideró que a través de los equipos especiales “se tergiversó la función fiscal” e ingresaron “los intereses políticos”.
“Tenemos fiscalías especializadas con coordinadores; no necesitamos equipos paralelos que se convierten en compartimentos cerrados”, sostuvo. En relación a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, Tomás Gálvez indicó que no puede “retirarlos de golpe, porque podría interpretarse como encubrimiento”.
Por otro lado, Gálvez Villegas también volvió a justificar el haber por concluidas las designaciones de tres fiscales adjuntos supremos titulares que estaban encargados de investigaciones de casos relevantes relacionados a altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte.
Se trata de los magistrados Marcial Paucar, que investigaba al exministro Julio Demartini por el caso Qali Warma; Luis Ballón, que investigaba a Juan José Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en el caso que involucra a Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘el Diablo’; y a Hernán Mendoza Salvador, quien ejercía como coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito, adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, e investigaba a Santiváñez Antúnez por el caso Culebra. Además, fue el fiscal encargado de sustentar el pedido de suspensión preventiva por 36 meses contra el propio Tomás Gálvez en el marco del caso ‘Los gángsters de la política’.
Al respecto, el fiscal de la Nación interino descartó que se trate de un “blindaje” al Ejecutivo y que, al asumir el cargo, no iba “a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto a mí”.
“Los fiscales que estaban en el despacho de Enriquecimiento Ilícito y Acusaciones Constitucionales simplemente […] realizaron los requerimientos para suspender en el ejercicio del cargo a tres fiscales supremos sin que exista ninguna investigación en la Fiscalía de la Nación. A mí también, ciertamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso era un hecho totalmente violatorio de la Constitución y la ley, y yo no puedo estar de acuerdo y trabajar con ellos”, señaló.
Sobre el tema, el fiscal del caso Lava Jato calificó como hostigamiento laboral los comentarios de Tomás Gálvez, quien propone desactivar los equipos especiales por supuesta “politización” y “contradicciones” en la Fiscalía.
Al respecto, José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció calificando las declaraciones de Gálvez como actos de hostigamiento laboral, pues consideran que descalifican la labor de los fiscales especiales y su trabajo en casos de alta relevancia.
“Esto lo voy a decir con absoluto respeto por la institución del Ministerio Público, a la que pertenezco. Estos son actos de hostigamiento laboral. Decir que los equipos especiales, dentro de los cuales está el equipo Lava Jato, son una estructura paralela, es denigrar la actuación que venimos realizando en el Ministerio Público. Indicar que nuestro trabajo está orientado por criterios políticos es descalificar la labor que realizan los fiscales, sobre todo en los equipos especiales y, entiendo, en el caso Lava Jato, al que se estaba refiriendo. Y, por último, usted no lo ha mencionado, pero también ha indicado que el acuerdo de colaboración eficaz ha perjudicado los intereses del país”, afirmó.
José Domingo Pérez también señaló que indicar que los equipos especiales actúan con motivaciones políticas implica denigrar su trabajo.
“Creo que tal vez alguna persona que esté fuera de la institución puede tener la capacidad de crítica en relación a nuestra labor. Pero quien está jefaturando en este momento el Ministerio Público a hacer esas afirmaciones, a mí no me queda lugar a dudas para poder afirmar que son actos a través de los cuales nos están hostigando en nuestra labor. Es decir, perturban”, manifestó.
Respecto a las posibles implicancias de estas declaraciones, Pérez consideró que existe un movimiento que busca “reescribir la historia” de los casos de corrupción.
“Aparentemente quieren reescribir la historia en la cual ya no hayan corruptores ni corruptos, que no hayan pruebas que determinen los pagos de millonarios sobornos”, precisó.
Según explicó, esto podría afectar la efectividad de la lucha contra la corrupción y poner en riesgo las reparaciones civiles logradas mediante sentencias.
“Nos queda claro de que hay todo un movimiento que lo que está buscando es impunidad. Es decir, que los procesos penales que han concluido con sentencias condenatorias, con millonarios montos de reparación civil, se puedan anular. Y el objetivo, pues, es finalmente afectar lo que es la lucha contra la corrupción”, concluyó.
