- Se logró identificar a diez funcionarios y servidores con presunta responsabilidad penal
La Contraloría evidenció que funcionarios y servidores de los Hospitales Edgardo Rebagliati Martins y Guillermo Almenara Irigoyen de Lima aprobaron la recepción, instalación y pruebas operativas de dos tomógrafos computarizados de alta gama, pese a que estos no cumplían las especificaciones técnicas del contrato ni las características ofrecidas por el contratista, lo que generó riesgos para la seguridad radiológica de los pacientes y personal asistencial, afectó la atención a los usuarios y ocasionó un perjuicio económico de S/ 12 319 369.
De acuerdo a los Informes de Auditoría n,° 001-2026-2-0251-AC y 003-2026-2-0251- AC, que comprendieron el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, existen diez involucrados con presunta responsabilidad penal, de los cuales siete siguen laborando en los establecimientos de salud mencionados y tres ya no tienen vínculo contractual. Las actas de conformidad que suscribieron sirvieron de base para que los tomógrafos fueran recibidos en los dos hospitales.
El uso de los tomógrafos que incumplieron las especificaciones técnicas expuso innecesariamente la salud de los pacientes y personal asistencial de ambos nosocomios por los riesgos derivados de la radiación ioniozante (podría afectar órganos y tejidos dependiendo de la dosis recibida, según consideraciones de la Organización Mundial de la Salud). Pero, también afectó la operación segura y continua de los equipos, así como la confiabilidad de los diagnósticos.
El tomógrafo que se encuentra en el hospital Rebagliati sigue funcionando en la actualidad, mientras que el del Almenara está inoperativo desde agosto de 2025. Los equipos fueron recibidos en setiembre 2020 y enero 2021, respectivamente.
Incumplimientos
En una visita de supervisión realizada por la comisión de control en noviembre del año pasado, se verificó que no hay sustento técnico que acredite que las salas de tomografías de los dos hospitales cuenten con blindaje radiológico, pese a que cerca a ese ambiente circulan trabajadores asistenciales y pacientes.
Además, se comprobó la falta de documentos que demuestren -a la fecha de recepción de los tomógrafos- la obtención por parte del contratista de las autorizaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear para su uso. Ello es indispensable para el funcionamiento de los equipos bajo estándares de seguridad, calibración y control dosimétrico exigidos con la finalidad de proteger al usuario y pacientes frente a la radiación ionizante.
En cuanto a la seguridad operativa del tomógrafo, no se instalaron dispositivos de protección eléctrica, alarmas de temperatura y sistemas adecuados de renovación de aire, lo que comprometió la estabilidad y continuidad operativa del equipo, incrementando la probabilidad de fallas súbitas, interrupciones durante los exámenes y necesidad de repetir estudios, lo que conlleva a mayor exposición del paciente a la radiación y deterioro de la calidad diagnóstica.
Asimismo, se evidenció que los tomógrafos entregados no estaban plenamente integrados al entorno tecnológico de los hospitales ni operaron con las funcionalidades esenciales, lo que redujo la precisión, oportunidad y seguridad del diagnóstico médico, colocando al paciente en situación de desprotección. Por el ejemplo, la no entrega de la “fusión de imágenes” disminuyó sustancialmente la capacidad de un diagnóstico claro sobre enfermedades como cáncer, problemas cardiacos y cerebrales, distribución de tumores, y otros.
También se verificaron incumplimientos referidos a las características de la marca, modelo y país de origen de los monitores de la consola de adquisición, consola de post procesamiento y mesa de pacientes: en lugar de ser de los Estados Unidos son de China.
Los resultados de los informes de control fueron notificados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra los 10 involucrados en el caso.
