Dina Boluarte fue denunciada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las muertes durante las protestas sociales. Sin embargo, su defensa legal, Joseph Campos, señaló que eso es inviable.
Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aclaró que solo tienen competencia para presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional los países miembros de este organismo, no las personas naturales. Esto luego de que 16 políticos y juristas nacionales, entre ellos Marisol Pérez-Tello, Mirtha Vásquez, Diego García- Sayán, Harold Forsyth, Walter Albán, Indira Huilca Flores, Carlos Rivera Paz, entre otros, acusaran a la mandataria ante las «graves violaciones a los derechos humanos».
Campos recordó que ya en el pasado otros documentos han sido enviados con la misma solicitud. En ese sentido, el abogado recalcó que el documento enviado es apenas un pedido ante el fiscal de dicha entidad.
«Ninguna persona natural jurídica o ONG pueden poner denuncias ante la Corte Penal Internacional sino estados, el Consejo de Seguridad… no es una denuncia porque eso es un acto que inicia una investigación y que este tipo de situaciones no es la primera vez», manifestó.
Joseph Campos indicó que lo que hicieron los firmantes con ese documento es pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional que revise el caso por muertes durante protestas y ver la posibilidad de esto vea una denuncia formal contra la jefa de Estado. Además, cuestionó que diplomáticos firmen la carta sabiendo de cómo es el proceso.
«¿Cuál es la consecuencia que se quiere? Dina Boluarte denunciada ante la Corte Penal Internacional y eso no es. Me extraña que haya gente que tiene un reconocimiento en el mundo del derecho y hay diplomáticos que usan la palabra denuncia en el comunicado pese a que ellos saben que las denuncias están reservadas estatutariamente a determinados personajes», aseveró.
Según indicaron los firmantes, la denuncia se interpuso ante la Corte Penal Internacional tras haber «absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte, y actuado con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana».
En ese sentido, precisaron que tienen «la justa expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar».
«Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional», indicaron.
