La verdad detrás de la derogación de la Ley de Promoción Agraria
En nuestro país, de cuando en cuando acertamos; pero rápidamente retrocedemos. Esta es una práctica nacional reflejada consistentemente en los últimos cincuenta años de nuestra historia. Una cronología sellada por el reducido crecimiento promedio anual (1.1%), acompañado de una tasa de inversión privada (13.9%) mediocre. Es cierto, a lo largo del último medio siglo la esperanza de vida de un peruano se elevó tremendamente (en 23 años de vida); pero nótese que el consumo de un peruano –en dólares constantes– apenas mejoró en 34.9%. Esto, mientras su ratio de desarrollo económico relativo, entre vaivenes, se contrajo notablemente. Cayó en 4.1% del producto por persona de un norteamericano.
Sí, aunque pocos se atrevan a contárselo, los peruanos nos hemos subdesarrollado en las últimas cinco décadas. Los aciertos y las correcciones han sido la norma. Prevaleciendo los segundos sobre los primeros. Por ello, dos siglos después de nuestro nacimiento político, si de verdad queremos cambiar la actual tendencia de declive resulta fundamental interiorizar nuestra fuente básica de error. Creyéndonos ricos sin serlo, recaemos en la opción de reducir nuestras libertades y el respeto a la propiedad privada. Esto para tratar de redistribuir riquezas inexistentes desde una burocracia cada año más corrupta.
Esta fuente básica de error puede ser graficada con un ejemplo: el caso del auge agroexportador costeño y la derogación de la llamada Ley de Promoción Agraria. Originalmente, la Ley N° 27360, fue introducida hace dos décadas para hacer más competitivas las condiciones de la actividad agraria. Léase, para aliviar –siquiera parcialmente– las irracionales cargas laborales, tributarias y burocráticas que nos sacaban del mercado global. Rebobinemos: después de la podrida reforma agraria velasquista todo había cambiado (para que nada cambie). Persistía instalado el minifundio y con baja inversión, se empobrecieron la sierra y las franjas costeras de baja productividad.
Pero como sucede en diversos ámbitos en nuestro país, un acierto moderado puede dar resultados inesperados. Un buen entrenador y algo de suerte nos ubicaron en el campeonato mundial de fútbol pasado. Y el alivio parcial de los castigos a la agroexportación implicó que, en menos de una década, esta actividad incrementase su escala 17 veces (en dólares americanos); y de la mano, se redujese la tasa de incidencia de pobreza en regiones como Ica. Desde un 42.6% en el año 2002, a un 2.6% en el 2019. Sí, una tasa 40% menor.
Meridianamente, y generando iras santas en la engreída izquierda local, gracias a un alivio de cargas, en una región del Perú los agroexportadores locales habían derrotado a la pobreza. Pero ustedes lo saben bien: el éxito en Latinoamérica es un pecado imperdonable. Y claro, el atraso y el empobrecimiento, implican empatía. Y por ello, cuando se trata de acciones no competitivas o delincuenciales (agro informal), se otorga un vergonzante grado de tolerancia burocrática a su explotación laboral, daño ambiental o ilegalidad. Es por esto que para comprender la problemática actual en las zonas agroexportadoras peruanas es menester discriminar. Se requiere revelar los tres ámbitos de acción: el empresariado formal (léase, agroexportador); el emprendimiento informal (léase, la agricultura tradicional) y la burocracia del sector.
El primero descubre empresas que diariamente –además de pagar impuestos y cumplir regulaciones arbitrarias– enfrentan restricciones tremendas (variaciones climatológicas, barreras sanitarias in crescendo, estacionalidades, déficit local de infraestructura, competencia global agresiva y los continuos vaivenes de la economía global). Pensar en un agroexportador que incumpla las certificaciones sanitarias, medioambientales o laborales requeridas globalmente es un oxímoron. Resulta algo tan incoherente como la solvencia técnica de un activista de izquierda limeña.
El segundo ámbito, implica al agricultor informal peruano. Aquí, produzcan frutales o alguna otra substancia, se incumple impune y sistemáticamente la ley; y –por definición– se transgreden regulaciones medioambientales o laborales. Léase: cuando menos explotan a sus trabajadores o descuidan el uso de pesticidas cancerígenos, a nombre de no usar semillas genéticamente modificadas. Se produce uva, arándanos o coca.
Sobre esta diferencia aparece el tercer ámbito de acción: el burocrático. En el plano más cándido, la burocracia limeña o regional (a la cual le asignamos cientos de millones para cumplir esta tarea) debe impedir el desarrollo de la explotación informal, el uso irresponsable de pesticidas cancerígenos e incluso, la agroexportación informal de drogas. En la práctica, no impiden nada. Sobre esta discriminación todo se aclara y… muerden cinco interrogantes.
- ¿Por qué la burocracia no combate la explotación laboral informal? 2. ¿Por qué quienes protestan destruyen la propiedad e incendian los centros donde si se cumplen las reglas? 3. ¿Por qué el Gobierno abdica su razón de ser: proveer un bien público elemental (el respeto a la ley el orden)? 4. ¿Por qué este Legislativo –de los urrestis, los acuñas, los debelaundes, los frepapistas o los silvasantistevanes– cede con sugestiva premura a la coerción violenta? Y particularmente, 5. ¿Cuáles serían los efectos económicos de la derogación de la ley de Promoción Agraria?
Cuatro de las cinco interrogantes descubiertas tienen respuestas puntuales. Y estas son: 1. Abierta complicidad. 2. Financiamientos del Foro de Sao Paulo. 3. Estrategia de opresión política a lo Vizcarra-Sagasti. 4. Cumplen un mandato. La quinta, en cambio, requiere cierto respeto. De la mano con un inminente nuevo salario agrario, la derogación (y la no observación de la mano temblorosa) tendrá los siguientes efectos: destruirá puestos de trabajo formal (al encarecer el puesto), elevará la pobreza en las zonas agroexportadoras; y descapitalizará los fundos vinculados a la exportación. Es decir, en relativamente poco tiempo, le dará fin al auge agroexportador costeño.
No lo olvidemos. La derogación de la Ley beneficia la prédica de activistas de las agrupaciones locales de izquierda. No enfrenta la informalidad, ni corrige el fracaso del Estado. También se encuadra dentro dela práctica de poderosas oenegés globales, vinculadas con agroexportadores de otras plazas. Hoy nos vuelven a avasallar. Convenciéndonos por demolición que retrocedamos cuando habíamos acertado parcialmente.
