La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) manifestó su preocupación ante la aprobación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de los proyectos de ley 10285 y 10526/2024-CR, que obligan a que los teléfonos móviles cuenten con radio FM, sin considerar opiniones técnicas ni la realidad del mercado.
Señaló que si bien se reconoce el valor social de la radio, imponer esta funcionalidad en los equipos móviles restringe la oferta, eleva los precios y vulnera el derecho del consumidor a elegir, pues no todos los equipos tienen esa funcionalidad, ni los de alta gama.
Las operadoras —que no fabrican los equipos y solo importan una parte de ellos— no pueden asumir una obligación que recae en los fabricantes, quienes responden a las preferencias globales de los usuarios y como tal no debe restringirse la libertad de elección del consumidor y además perjudicar a la población de menores ingresos, que verá limitado su acceso por el incremento del costo del equipo, sostuvo.
“En lugar de limitar el mercado, el Estado y las radiodifusoras podrían promover campañas educativas que fomenten el uso de la radio en emergencias, sin comprometer el cumplimiento de tratados comerciales ni perjudicar a los consumidores”, anotó.
Asimismo, continuó, exigir 72 horas de respaldo energético para la infraestructura de telecomunicaciones en zonas de riesgo —prácticamente todo el país por su sismicidad— desconoce la realidad del déficit energético existente, más del 70% de interrupciones -sin solución hasta el momento- generando sobrecostos y afectaciones ambientales sin resolver la verdadera causa de las interrupciones del servicio.
“Resulta igualmente impreciso suponer que esta funcionalidad garantice la atención en emergencias. El país requiere un sistema autónomo especializado, independiente de las redes comerciales, una necesidad pendiente desde el terremoto de Pisco”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que preocupa la tendencia a trasladar al sector privado responsabilidades del Estado en materia de seguridad ciudadana o control penitenciario, incrementando la sobre regulación sin beneficios reales para la ciudadanía.
“Invocamos al Congreso a instalar mesas técnicas que permitan evaluar estas propuestas con mayor profundidad, promoviendo un diálogo constructivo con el sector privado. La voluntad de colaborar existe; lo que hace falta es ser escuchados”, apuntó.
