La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) condenó los asesinatos ocurridos en una bocamina de la provincia de Pataz (La Libertad) y señaló que este hecho refleja el avance del crimen organizado en el país.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) condenó los asesinatos de al menos tres personas ocurridos durante un enfrentamiento armado en una bocamina de la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, y advirtió que este hecho evidencia la grave crisis de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en el país.
A través de un comunicado, la ANGR señaló que “lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino la consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas”.
En ese sentido, la organización exigió al Gobierno, encabezado por José Jerí Oré, la adopción de medidas inmediatas, entre ellas una intervención integral en la provincia de Pataz, el fortalecimiento efectivo de la Policía Nacional, una articulación real con el Gobierno Regional de La Libertad y los gobiernos locales, así como acciones firmes contra la impunidad.
“La seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Gobierno Nacional. Desde los gobiernos regionales reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada; sin embargo, no aceptaremos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que continúa cobrando vidas”, sostuvo la ANGR.
Responden a denuncian por presunta corrupción en 313 obras
Asimismo, la entidad cuestionó las declaraciones del congresista José Luna Gálvez, al considerar que generalizar presuntas irregularidades en los gobiernos regionales “desinforma a la ciudadanía y debilita el proceso de descentralización”. Precisó, además, que el control preventivo no equivale a corrupción ni reemplaza al debido proceso.
La ANGR remarcó que la inversión pública se ejecuta bajo competencias compartidas y requiere análisis técnicos, no afirmaciones políticas. “Responsabilizar de manera indiscriminada a las regiones afecta la gobernabilidad territorial y favorece el centralismo”, señaló. Finalmente, la Asamblea defendió una descentralización responsable, con transparencia y control, pero rechazó el uso político de los mecanismos de fiscalización para desacreditar a los gobiernos regionales.
Cabe recordar que, días atrás, el Congreso informó que la Comisión Especial de Control Concurrente presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra 18 gobiernos regionales por presuntos indicios de corrupción en obras públicas.
Según el informe parlamentario, en 313 obras se habrían detectado graves irregularidades, cuyo valor total asciende a S/ 31 419 millones, de los cuales S/ 21 052 millones corresponderían a incrementos injustificados en los presupuestos originales.
Las presuntas irregularidades involucrarían a unas 15 000 personas, entre autoridades políticas, funcionarios, servidores públicos y personal de empresas concesionarias. “Estamos ante un saqueo sistemático disfrazado de inversión pública. El Estado no puede seguir siendo guarida de corruptos y ladrones”, afirmó el congresista José Luna Gálvez.
