La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que establece penas de prisión de entre 2 y 4 años para quienes, de manera dolosa y sin fines económicos, amenacen a otra persona o a su familia con causarles daños que constituyan delitos de homicidio.
Estas amenazas, realizadas por teléfono, plataformas de mensajería o cualquier otro medio de comunicación, serán reprimidas con la pena privativa de libertad mencionada.
Además, el dictamen incluye sanciones por amenazas de causar lesiones, aborto, tortura, afectaciones a la libertad sexual, intimidad, honor, patrimonio o integridad moral. Esta propuesta, presentada por la congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), busca modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 151-B.
Durante la tercera sesión ordinaria de la comisión, se aprobó un cuarto intermedio, solicitado por la congresista Gladys Echaíz Núñez (Honor y Democracia), para el dictamen de los proyectos de ley 950/2021-CR, 7124/2023-CR, 7964/2023-CR y 8393/2023-CR. Estos proyectos, con un texto sustitutorio, proponen la modificación del Código Penal (Decreto Legislativo 635) y otros decretos legislativos relacionados con la vigilancia electrónica personal y la conversión de penas.
La solicitud de cuarto intermedio se hizo con el fin de estudiar más a fondo la propuesta y ampliar el debate, con la participación de especialistas en el tema, ya que, según Echaíz y otros congresistas como Alejandro Cavero (Avanza País) y Alex Paredes (Bloque Magisterial), el dictamen no cumplía completamente con los objetivos de la lucha contra la corrupción.
