El equipo liderado por la fiscal Karen Vásquez acudió esta mañana a la sede ministerial como parte de la investigación preliminar abierta contra la hoy ministra de Cultura.
Un equipo fiscal, encabezado por la magistrada Karen Vásquez, realizó una diligencia indagatoria en la sede del Ministerio de Trabajo, en Jesús María, como parte de la investigación preliminar abierta contra Betssy Chávez, hoy ministra de Cultura.
Los fiscales llegaron temprano, justo cuando el actual ministro de Trabajo, Alejandro Salas, realizaba una conferencia de prensa para rendir su balance por sus cien días al cargo de la cartera.
La diligencia se prolongó hasta las 11 de la mañana, cuando el equipo de fiscales abandonó la sede ministerial por una puerta lateral.
Como se recuerda, el último domingo un reportaje periodístico emitido por Cuarto Poder reveló que la titular del Ministerio de Cultura habría beneficiado a familiares de Abel Sotelo (con quien se la vincula sentimentalmente) con cargos en el Estado.
Es así que Antonio Sotelo Calderón (padre de Abel) fue nombrado el pasado 12 de enero de 2022 en el cargo de representante titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati).
Esta designación se dispuso a través de una Resolución Ministerial que lleva la firma de la entonces titular del Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez, quien se mantuvo al frente de dicha cartera hasta mayo de 2022.
Luego de ocupar este cargo, Sotelo Calderón pasó a Cofopri Tacna, entida adscrita al Ministerio de Vivienda. «Para su contratación hubo una presión fuerte de parte del jefe de gabinete de aquel entonces, Salatiel Marrufo», dijo el exdirector nacional de dicha institución, Jorge Quevedo,
Conocida esta información, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra Betssy Chávez, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, definió un plazo de 60 días para llevar a cabo la investigación, que alcanza también a Abel Sotelo, y dispuso realizar las diligencias correspondientes.
