· Defensa del mandatario cuestionó las diligencias que se realizaron en Palacio de Gobierno, por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Defensa cerrada y mantenerse en el poder, ese es la consigna que hay en Palacio. Pedro Castillo está aleteando. Se hace la víctima y sigue azuzando contra el Congreso.
Sus argumentos de defensa son pobres. Nadie le cree. Solamente su sequito del Ejecutivo y sus abogados son los que sacan cara por el mandatario. El día de ayer estuvo en una nueva versión de los consejos descentralizados en Loreto y nuevamente el control, la seguridad escogió a los que tenían que participar.
Todo ello, motivo una protesta y queja de la clase dirigencial de Iquitos y puso en aprietos al presidente y los ministros. Por ahora la batalla más allá de intentar gobernar el país, es su férrea defensa y no se ocurrió mejor idea que de presentar un proyecto de ley donde se va quitar la inmunidad de altos funcionarios.
Castillo debe dar el ejemplo y quitarse la inmunidad y enfrentarse a la justicia, veremos si lo hace. Seria pésimo que quite la inmunidad a ministros, magistrados, congresistas y el la mantenga.
Y esta reacción se produjo luego que Castillo se enterara que la fiscalía anticorrupción acudió a Palacio a realizar pesquisas relacionado a las investigaciones que vienen realizando.
Es por eso que el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, anunció que la defensa legal del mandatario presentará un pedido de nulidad contra la disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien inició una investigación preliminar al Jefe de Estado.
“El día de hoy está ingresando a primera hora un pedido de nulidad absoluta contra la disposición del fiscal de la Nación. Consideramos que se viola el artículo 117 de la Constitución que proscribe que un presidente en ejercicio pueda ser investigado o perseguido. El presidente se va a dedicar a defenderse y ya no va a dirigir al país y eso es lo grave de la investigación”, manifestó para la prensa.
En ese sentido, Espinoza aseguró que si esta nulidad no prospera acudirá en vía de tutela de derechos ante el juez supremo de investigación preparatoria.
Asimismo, el defensor legal del jefe de Estado cuestionó las diligencias realizadas en Palacio de Gobierno por miembros de las Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino.
Benji Espinoza también enfatizó que en el recinto presidencial se alojan secretos de Estado, por lo que el Ministerio Público no puede ingresar como si se tratara de cualquier otro lugar, por lo que anunció que tomarán acciones.
“En el caso de Palacio de Gobierno se alojan secretos de Estado, cuando se invocan secretos de Estado los órganos de justicia deben seguir otro tipo de procedimiento por eso es que vamos a atender esa información, de qué manera la Fiscalía cree que puede venir a Palacio de Gobierno como si entraran a cualquier lugar. Eso no es así, vamos a tomar las acciones que correspondan y lo vamos a evaluar legalmente”, declaró.
Por tal, aseguró que van a ver los detalles y sospechas que tiene la Fiscalía para realizar estas indagaciones en la Casa de Pizarro. “Yo no puedo adelantar acciones porque quiero conocer bien los detalles”, agregó.
En Palacio, si hubo temor ya que miembros de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, ingresaron la tarde del lunes a Palacio de Gobierno con el propósito de buscar información en el marco de la investigación que se realiza por presuntas contrataciones irregulares
Desde enero de este año, la fiscal Quico Palomino investiga las contrataciones del personal de Palacio de Gobierno que, designado por el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.
Las indagaciones que se realizan son por presunta negociación incompatible y se inició contra Franco Pomalaya (ex asesor de prensa) y José Cristóbal Quispe (de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial). Además de Andrés Calle Mezares, Analí Carrión Díaz y Gian Baca Gonzáles.
Esta misma Fiscalía se encarga de llevar a cabo las pesquisas correspondientes sobre el presunto delito de organización criminal en el interior de la Casa de Pizarro, a raíz del presunto del denominado “gabinete en la sombra”.
A raíz de ello, el último 27 de mayo la fiscal Quico Palomino solicitó al secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Ricardo Alva Coronado, información documentada de su subsecretario, Beder Camacho Gadea.
Por eso es que el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que se está realizando una supuesta persecución política en contra de su Gobierno, incluyéndolo a él y a su Consejo de Ministros, en referencia a las investigaciones en su contra y su entorno.
El jefe de Estado también intentó defender su gestión, aludiendo que los presidentes y ministros anteriores también fueron cuestionados y algunos de ellos son investigados.
“Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios, ¿y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes de la República? ¿Y los demás ministros fueron santos? Son 200 años de vida republicana y recién viene siendo escuchada la voz del pueblo”, manifestó Pedro Castillo durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Loreto.
Asimismo, se refirió a las diligencias de los representantes de la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa, a cargo de la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, en Palacio de Gobierno por presuntas contrataciones irregulares.
“He tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde ha estado la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando y causando muchas cosas, hasta a mi propia familia”, mencionó Castillo Terrones.
“Me ratifico en decir que no he robado un centavo al país y no robaré porque no he venido para eso”, agregó.
Castillo anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para los altos funcionarios del Estado, tanto para aquellos del Ejecutivo como del Parlamento y del sistema de Justicia.
“Desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia? Sometámonos todos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos los poderes para trabajar de la mano”, aseveró.
“Si quieren transparencia yo pido desde acá y lo diré en todo el mundo que no le he robado ni un centavo al país, en ese contexto debo decir que hemos presentado 34 proyecto al Congreso, que es lo que pide el pueblo”, añadió.
Su pronunciamiento se da luego de que el Ministerio Público formalizara una investigación preliminar en su contra por la comisión de supuestos delitos, los cuales se habrían llevado a cabo durante su mandato.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió ayer abrirle pesquisa contra Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Sánchez- en la disposición fiscal N°06, del 27 de mayo último- ordenó que Castillo sea incorporado a la investigación que, desde inicios de este mes, ya se seguía en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, por las irregularidades en la licitación del Puente Tarata III (ubicado en la región San Martín).
Sobre el tema el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, «es sin ninguna prueba».
«Hay una denuncia contra el Presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por ahí. Y a veces por la fotografía que se tomó el Presidente con tal o cual persona. Cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí, y eso no quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales yo me he fotografiado» sostuvo Torres.
En ese sentido, señaló que la decisión del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es un «tráfico de la justicia».
«Eso es un tráfico de la justicia, están negociando con la justicia y eso no es justo», añadió.
Y sobre el Consejo descentralizado de ministro, el gobernador de Loreto dijo que, durante la reunión previa con representantes de los diferentes ministerios no plantearon soluciones concretas para el desarrollo de la región.
“Estamos muy preocupados por lo que pasó porque los representantes del gobierno que vinieron no trajeron ninguna alternativa de solución a los problemas y no tenían respuestas a las inquietudes, solicitudes y planteamientos que los alcaldes, la sociedad civil y el gobierno regional les hizo. Por lo tanto, significa que hay una improvisación e incapacidad. Por eso vamos a consultar con los alcaldes y representantes de la sociedad civil si participamos”, indicó Elisbán Ochoa.
También lamentó que para ser parte de una reunión que no tiene propuestas de desarrollo, mejor es no participar.
“No se puede permitir que vengan a hacer una reunión, por más buena voluntad que tengan, si no traen nada. Mejor es no participar. Vamos a organizarnos para alcanzar a una comisión de los acuerdos preliminares que hemos tomado”; agregó.
