Ciudadanos por el Perú logró su inscripción el pasado 15 de enero, según consta en la página web del JNE, y se convirtió en la organización política número 40 que queda habilitada para participar en las Elecciones Generales 2026.
Ciudadanos por el Perú (CPP), partido político vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Según se señala en la página web de dicha entidad electoral, la referida organización política logró su inscripción el último miércoles, 15 de enero, con lo que se convierte en el cuadragésimo partido que queda habilitado para participar en las Elecciones Generales del 2026.
El partido político acreditó como personero legal titular a Luciano Murrugarra Ramírez, quien fue militante de Alianza para el Progreso (APP) entre el 2015 y el 2022, y como personera alterna a Nilda Bravo Nuñez, quien fue militante de Somos Perú entre el 2015 y el 2024; según información del portal Infogob.
Cabe indicar que, un día antes de que CPP quedara inscrito ante el JNE, el Poder Judicial declaró improcedente el mandato de 36 meses de prisión preventiva impuesto contra Nicanor Boluarte y otros investigados por el caso Los Waykis en la Sombra, y se les dictó comparecencia simple. Vale resaltar que, desde que se le impuso la prisión preventiva, en noviembre del año pasado, el hermano de Dina Boluarte permanecía prófugo de la justicia.
Vínculos con Nicanor Boluarte
La hipótesis de la Fiscalía en el caso Los Waykis en la Sombra apunta a que Nicanor Boluarte sería el cabecilla de una presunta organización criminal que habría instrumentalizado a prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú ante el JNE.
El Ministerio Público señala que la red criminal exigía pagos a cambio de ser nombrados en dichos puestos. Tal sería el caso del exprefecto de la región San Martín, Armando Villalobos, quien fue designado coordinador regional de CPP.
¨[Villalobos] tenía como función captar a otras personas de su confianza para que sean designados Prefectos y Sub Prefectos en las provincias y distritos que forman parte de esta región. Lo resaltante es que la condición no solamente era que las autoridades designadas recabaran las fichas de afiliación para el partido político Ciudadanos por el Perú, también debían efectuar un aporte mensual de ciento cincuenta soles para los gastos propios del partido y lograr su inscripción, si no se cumplía con recabar las fichas de afiliación y el pago de los ciento cincuenta soles mensuales serían cesados en el cargo”, indicó la Fiscalía.
Además, se señala que Boluarte ofreció a Jorge Luis Ortiz Marreros ser designado como Director General de la Dirección de Gobierno Interior del Mininter, con lo que se habría convertido en “un operador funcional clave dentro de los fines de esta organización”, ya que “él era el que designaba a los Sub Prefectos y proponía a los Prefectos”. Su designación se produjo el 28 de diciembre de 2022, días después de que Dina Boluarte fuera proclamada como presidenta de la República.
“No solo se tiene la declaración del señor Villalobos, también se tienen declaraciones de Sub Prefectos, las que tienen como denominador común que Nicanor Boluarte era quien impartía las órdenes para el funcionamiento de la organización”, indicó la Fiscalía en su imputación ante el Poder Judicial.
En Cajamarca, Noriel Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar, ambos presuntamente bajo el liderazgo de Nicanor Boluarte, habrían captado a “personas de confianza” para que fueran designadas en los cargos de subprefectos, “con la intervención de […] Jorge Luis Ortiz Marreros”.
“Dichos subprefectos y prefectos designados debían alinearse a los intereses de la presunta organización criminal, lo que implica que debían realizar un pago previo de S/ 3,500.00 soles –en caso de subprefecto distrital– y S/ 5,000.00 soles –en caso de subprefecto provincial– destinados a la sostenibilidad del partido “Ciudadanos por el Perú”, apoyar y respaldar al gobierno de turno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, así como recabar las fichas de afiliación necesarias para la inscripción de dicho partido político”, imputa la Fiscalía.
“Los referidos pagos previos eran entregados al entonces subprefecto provincial de Cajamarca, Gilmer Raúl Flores Fernández, quien centralizaba el dinero recaudado por los demás operadores regionales y lo destinaba a Noriel Chingay Salazar, depositándole en la cuenta BCP de su hijo, Franshesco Noriel Chingay Parodi, o entregándole directamente. Ello, coadyuvaría a la realización de la finalidad de la [organización criminal], consistente en perpetuarse en el poder a través de la instrumentalización del partido político “Ciudadanos por el Perú”, para controlar el aparato estatal, y de esta forma, obtener ganancias ilícitas del patrimonio estatal”, asevera.
Con estas imputaciones, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros involucrados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico.
Sin embargo, el último martes, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, revocó dicha medida tras fallar favorablemente a las apelaciones de la defensa.
Según Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, en declaraciones a RPP, la sala determinó en su decisión que “no correspondía un control difuso” sobre las leyes 32108 y 32138, impulsadas por el actual Congreso.
