La Comisión de Constitución aprobó este jueves el dictamen que propone la reforma constitucional para establecer el proceso electoral de Elecciones Generales 2023. Dicha propuesta es de la congresista Digna Calle, quien enfatizó que la premisa es “nos vamos todos”.
La iniciativa, que se basa también en el proyecto de Susel Paredes, logró 11 votos a favor y 7 en contra por parte de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Somos Perú y Perú Bicentenario.
“La incompetencia del Gobierno, así como una agenda congresal que no prioriza al ciudadano, hace que hayan surgido episodios de ingobernabilidad alimentada por la persistente incertidumbre, como, por ejemplo, el alza del tipo cambiario del dólar, como consecuencia del nombramiento del primer gabinete”, manifestó la parlamentaria de Podemos en su alocución en la comisión de Constitución.
La iniciativa de la parlamentaria se sustenta, según se lee en el documento, en la grave incapacidad además de serios indicios de corrupción en el entorno presidencial, así como la sospecha de gestiones indebidas de interés en la adjudicación de obras públicas.
El dictamen establece que el presidente y la vicepresidenta de la República, elegidos en las Elecciones Generales de 2021, concluyen su mandato el 28 de julio de 2023. Los congresistas y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, elegidos en el mismo proceso electoral culminan su representación el 26 de julio de 2023.
Además, se precisa que las elecciones generales para elegir al Presidente, Vicepresidentes de la República, Congresistas de la República y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, la convoca el Presidente de la República dentro de las 48 horas de entrada en vigencia del presente artículo y se realizarían el último domingo de marzo de 2023.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, para aprobar el adelanto de elecciones se requiere una votación calificada (87 votos) en dos legislaturas o 66 votos y ratificada en un referéndum. Esto según el artículo 2 de la Constitución Política.
La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República, quien deberá acatar lo que se apruebe en el Parlamento.
