La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, aprobó por mayoría, la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo que propone la aprobación de créditos suplementarios por tres mil millones de soles para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica.
Fueron 24 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, con la aclaración que hizo el presidente de la comisión, José Jerí Oré (SP), de que solo con la consideración de aspectos técnicos, la propuesta se votaría tal cual fue presentada por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, precisó que en el debate que tendrá lugar en la Comisión Permanente próximamente se harán las modificaciones que se planteen y que fueron vistas también durante el debate desarrollado esta tarde.
La iniciativa, que fue presentada el último miércoles, fue sometida a consulta para aprobar la ampliación de agenda y escuchar al responsable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a miembros del gabinete ministerial beneficiarios de los créditos.
Seguidamente, la comisión invitó a los ministros y escuchó su sustentación acerca de sus requerimientos económicos y la importancia de recibirlos para reactivar la economía.
Luego de ello se escuchó las posiciones de los congresistas, durante una sesión que tomó poco más de seis horas.
El Proyecto de Ley N° 8363 proveniente del Poder Ejecutivo, plantea aprobar la incorporación de recursos, vía crédito suplementario, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de tres mil millones de soles a favor del gobierno nacional, regionales y locales.
El objetivo es destinar estos recursos a diversos pliegos con cargo a otros ingresos del Tesoro Público, y a los recursos a los que hace referencia el Decreto Legislativo N° 1441, del Sistema Nacional de Tesorería, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar los mayores gastos asociados a la reactivación económica.
La cuadragésima novena sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, recibió a los ministros del Ambiente, Energía y Minas; Trabajo y Promoción del Empleo; Salud; y Defensa.
Así también a los responsables de los portafolios de Desarrollo e Inclusión Social; y Educación. En representación de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; y de Transportes, se presentaron sus viceministros. Además, funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros; y del Indecopi.
Cada uno de los participantes sustentó las razones por las que debe recibir recursos suplementarios, en aras de una mejor atención a los requerimientos de la población y mejoramiento de la economía.
Por su lado, congresistas de distintas bancadas cuestionaron el proyecto de ley y reclamaron por la aplicación de una política que cierre las brechas de la pobreza en el país.
El congresista Héctor Valer Pinto (SP), pidió que el debate se traslade para la próxima semana para que en forma amplia se discuta su contenido.
De igual manera, otros parlamentarios como Alex Paredes Gonzales (BMCN); Guido Bellido Ugarte (PB); Karol Paredes Castro (Avanza País); entre otros, pidieron recursos para numerosos sectores que los requieren para su desarrollo.
MEF
El titular del MEF, José Arista Arbildo, coincidió con algunos parlamentarios, entre ellos con Eduardo Salhuana Cavides (APP), quien consideró que el desarrollo se puede lograr con inversión, producción y mejoras en las vías de comunicación.
Indicó que el objetivo es financiar fundamentalmente proyectos de los gobiernos regionales, gobiernos locales, que ya están en construcción y que les falta poco para culminar.
Señaló que este crédito planteado en el PL 8363, que significa el 1.3% del PBI, es pequeño, pero que se prevé incorporar mayores recursos para el presupuesto del próximo año.
Por su lado, Jerí Oré, solicitó información y propuestas de los ministros de los diferentes sectores a la brevedad posible, para debatir el tema en la Comisión Permanente lo más antes posible.
Contraloría: Poder Ejecutivo busca recortar acciones de control en lucha contra la corrupción
Institución sostuvo que el proyecto de ley 08363/2023-PE va más allá y esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que ha tomado conocimiento de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que el Congreso de la República apruebe créditos suplementarios asociados a mayores gastos. Sin embargo, se incluye una disposición que recorta la capacidad operativa de la CGR, generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades, ni se emitan las alertas necesarias para detectar y evitar casos de corrupción.
“La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control”, sostuvo a través de un comunicado.
La CGR sostuvo que no cuestiona la pertinencia de adoptar medidas presupuestales convenientes que permitan lograr los objetivos de reactivación planteados. Sin embargo, señaló que el proyecto de ley (08363/2023-PE) va más allá y esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción en el gasto público, al introducir sin discusión ni opinión técnica, una reducción sustancial del financiamiento del control concurrente.
Añadió que no se considera que dicha modalidad ha demostrado científicamente un ahorro al país por más de 1000 millones de dólares en los últimos cinco años, y que las inversiones bajo este control avancen 30% más rápido.
“De aprobarse esta disposición, se tendrá un impacto negativo inmediato que significará el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (OCI) y el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025″, enfatizó.
Recordó que recientemente la CGR dispuso que, por primera vez en la historia del país, más de 690 OCI dejarán de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, con lo que el controlado dejará de pagar los sueldos de los auditores, lo que significa un vigoroso fortalecimiento de la autonomía del control. Ese proceso quedará trunco si se aprueba la novena disposición complementaria modificatoria.
“Además, el país pasará de las 56 mil intervenciones de control realizadas en el 2023, a tener solo 14 mil en promedio. La cobertura del control que hoy es de 67% del aparato estatal pasaría a un 27%, como era en 2017. En consecuencia, se afectará la operatividad de la CGR”, explicó.
En esa línea la alertó sobre cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos. “Confiamos que el Poder Legislativo recoja la situación expuesta, descartando en el dictamen la novena disposición complementaria modificatoria y separándola del resto del proyecto de ley”, anotó.
