La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, informó que este lunes 1 de marzo la Comisión Permanente abordará las denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón, el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. «Seguimos avanzando con diligencia y sin blindajes», señaló.
El expresidente y las exministras de Salud y Relaciones Exteriores fueron denunciados constitucionalmente por haberse vacunado contra la COVID-19 de manera irregular y presuntamente aprovechándose de su cargo. Cabe recordar que la canciller Astete renunció luego de dar a conocer este caso.
Al respecto, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hace unos días el informe de calificación que declara procedentes las denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete por infracciones a la Constitución, en primer término, y por delitos en el ejercicio de la función.
Por el primero de los cargos (infracción constitucional) se inicia el proceso de juicio político que podría acabar en la inhabilitación para ejercer función pública de estos exfuncionarios, mientras que en caso de los presuntos delitos en el ejercicio de la función se inicia el proceso de antejuicio político.
Este informe aprobado será el que revise la Comisión Permanente el próximom lunes para que luego se designe a un congresista delegado para que realice la investigación respectiva con la toma de declaraciones de los exfuncionarios involucrados. El caso terminará en el Pleno del Congreso donde se tendrá que votar el informe final.
Estas denuncias constitucionales se presentaron tras revelarse que el expresidente Vizcarra, las exministras de Salud y de Relaciones Exteriores, además de otros funcionarios, se vacunaron fuera del ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm que estuvo a cargo de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de San Marcos.
Alarcón y el presunto enriquecimiento ilícito
Semanas atrás, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, con 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el informe final sobre la denuncia contra el parlamentario Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por presunto enriquecimiento ilícito agravado.
«Hemos analizado los hechos acreditados y las pruebas que soportan nuestras conclusiones. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible y hemos llegado (a la conclusión) a que se debe acusar por antejuicio político a Edgar Alarcón por existir una sospecha reveladora», señaló la congresista Felícita Tocto, a cargo del informe final.
Las imputaciones hechas en el informe contra Alarcón por la Fiscalía de la Nación están referidas a un presunto enriquecimiento ilícito de su parte. El documento será derivado a la Comisión Permanente.
En la denuncia contra Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377.24 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, en el que fue contralor general. El documento indica que este delito prevé una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años además de una inhabilitación política.
La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también lo denunció por peculado doloso por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría, también durante el periodo en el que Alarcón dirigió la institución. Por esto, indica que con la denuncia constitucional corresponde «iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político» contra el investigado.